El Concello afirma que más de la mitad de las viviendas turísticas de A Coruña, casi 750, incumplen la normativa y deben cerrarse
A petición del Bloque, se estudiará en qué distritos hay más de 0,5 por cada 100 pisos, como prevé la ordenanza aprobada este año

Edificios en una vista panorámica de A Coruña. / LOC
El 55,4% de las viviendas de uso turístico de la ciudad deben cerrarse porque no cumplen la normativa, de acuerdo con cálculos del Concello. El edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, señaló en el pleno de este jueves que los pisos turísticos bajaron en aproximadamente un centenar desde la aprobación de la primera ordenanza que los regula en A Coruña, este junio, porque los clausurados «no cumplían» con el criterio del Concello, que indica que, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) solo pueden establecerse, con carácter general, en edificios exclusivos, bajos y algunos primeros pisos. De las 1.348 que quedan registradas, 747 no cumplen los requisitos para estar abiertas, y el Concello estableció 54 procedimientos disciplinarios. Solo 212 viviendas de uso turístico han pedido regularizarse ante el Concello.
El edil defendió que las 747 viviendas que no se ajustan a la normativa «no son legales y tienen que desaparecer en los próximos meses» en el debate de una moción del BNG, aprobada con voto favorable de socialistas y nacionalistas pero con la oposición del PP, que reclama que el Concello realice un estudio por distritos que determine el número de pisos que se emplean como viviendas de uso turístico, para determinar si están saturados y prohibir que se creen más. Los distritos saturados se contemplan en la ordenanza aprobada este año (también por una alianza de PSOE y BNG), que los define como zonas en las que hay más de 0,5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes. Según calculó este diario en julio con datos del Colexio de Arquitectos , se daba este caso en cuatro distritos de la ciudad: Ciudad Vieja y Pescadería; Monte Alto, As Atochas y Zalaeta; la zona de las plazas de Lugo, Galicia y Vigo, Juan Flórez, Cuatro Caminos y Tabacos; y Os Mallos -Sagrada Familia.
La concejala nacionalista Avia Veira, que defendió la moción, recordó que la ordenanza de pisos daba tres meses a los titulares de viviendas de uso turístico para «regularizar su situación». «Consideramos que ya es el momento de poner los números encima de la mesa», ver qué viviendas se regularizaron y estudiar si es posible vetar los pisos en algunos barrios. La ordenanza, insistió, buscaba «poner orden» en la «burbuja» de pisos turísticos en la ciudad. La propuesta de zonas saturadas tendrá que pasar por pleno, y la moción pide que se envíe a este antes de febrero.
El PP se mostró en contra de la propuesta, y su edil Gonzalo Mora afirmó que la ordenanza de pisos turísticos se aprobó porque la alcaldesa, Inés Rey, compró al BNG su discurso «turismofóbico». Defendió que se está construyendo un relato contrario a los pisos turísticos y demonizándolos, y el Gobierno local persiste en «errores» en materias como la vivienda. «Regulan lo que por suerte no es un problema en la ciudad», acusó Mora, en relación a la ordenanza de pisos turísticos, que, defendió, no contribuye a solucionar el «grave problema de acceso a la vivienda» en la ciudad.
Hay menos de 1.400 viviendas de uso turístico, calculó, frente a 30.000 vacías en la ciudad. También criticó la declaración este mes de julio de zona tensionada que limita los precios de alquileres, afirmando que la oferta «se ha desplomado», con un trasvase de arrendamientos al alquiler de temporada, aunque admitió que los precios se han congelado. Díaz Gallego negó que la zona tensionada bajase la oferta y defendió que A Coruña es la única ciudad gallega que ha congelado precios, y esperó que en los próximos meses bajen.
La patronal gallega de pisos turísticos, Aviturga, defiende que no estos no son establecimientos comerciales y reclama que, antes de establecer una ordenanza, hay que modificar el PGOM para incluirlos, pues en el actual no se les alude específicamente. La agrupación presentó una demanda contra la ordenanza, admitida a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza.
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