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La agrupación vecinal que llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades, archivadas, en obras en un piso de Lage Tuñas, afirma que presentará otra denuncia

Considera que en la comunicación original al Ministerio Fiscal, que descartó que hubiese indicios de delitos, se produjo "algún error u omisión de tipo documental"

José Manuel Lage Tuñas, en el salón de plenos de A Coruña.

José Manuel Lage Tuñas, en el salón de plenos de A Coruña.

Un representante de la Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña (ACAV) presentó en agosto una demanda ante la Fiscalía Provincial por presuntas irregularidades durante las obras de un inmueble propiedad del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas. Según reveló este jueves el edil y pudo comprobar este diario en el decreto de Fiscalía, el Ministerio Público archivó las diligencias de investigación preprocesal que había abierto, tras requerir documentación al denunciante y al Concello, pues considera que no hay "indicios de responsabilidad penal". La agrupación señala que pudo haber cometido "algún error u omisión de tipo documental que hemos procedido a enmendar", por lo que van a presentar de nuevo la denuncia "ante un Juzgado de Instrucción".

En el pleno del jueves, Lage Tuñas cargó contra el PP, que, considera, realizó una campaña contra su imagen, y afirmó que la denuncia original, que advertía de «supuestas irregularidades» tanto en los trabajos como en "la concesión de las licencias oportunas por parte del Ayuntamiento" había sido "anónima". La agrupación vecinal afirma que la denuncia "no fue anónima" sino presentada por un representante de la agrupación, que "representa a once asociaciones de esta ciudad" por las actuaciones de Lage Tuñas. Según afirma, el edil pudo haber cometido "ilícitos penales al prevalerse de su situación como concejal de Gobierno, con competencias en la materia", para realizar reformas "sin acatar ni realizar los oportunos trámites que a cualquier ciudadano de a pie nos es exigible por la Administración que él dirige" al convertir un local de uso comercial en viviendas.

El Partido Popular admite que las actuaciones no son delito, motivo por el que su grupo no denunció, pero insistió en acusar al portavoz municipal de realizar trabajos sin licenciao, como, recuerda el PP, figura en el expediente, y de mentir en el pleno. El edil del PP Roberto Rodríguez afirmó que Lage «debería haber dimitido», y, si no, la alcaldesa, Inés Rey, debería haberlo cesado. En una pregunta oral que criticaba la realización de contrataciones verbales por parte del Ayuntamiento, Rodríguez señaló que la comisión sobre estas se cerró «sin exigencia de responsabilidades ni medidas correctoras».

El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, también acusó a la alcaldesa, Inés Rey, junto con Lage Tuñas y otros cuatro miembros del Gobierno local, de acosar a una funcionaria que remitió a Fiscalía documentación que pidió el Ministerio Público sobre el caso, y abrir expediente a un total de cuatro funcionarios por esto. La regidora lo acusa de calumniarla y presentó un procedimiento de conciliación, previo a una querella, pero Lorenzo insistió este viernes en que no se desdecirá y defenderá sus declaraciones ante la Justicia.

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