Miguel Lorenzo reitera que el Gobierno local de A Coruña acosó a funcionarios tras la querella de la alcaldesa: "Voy a ir al juzgado y me voy a ratificar"

La disputa entre la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, sobre el acoso que achaca el segundo a funcionarios por parte del Gobierno local llegará a los juzgados. La regidora señaló en el pleno de este jueves que había interpuesto una papeleta de conciliación ante el juzgado dirigida a Lorenzo, después de que este afirmase que había habido "acoso" a tres funcionarias por enviar documentación a la Fiscalía relativa a la investigación, ya archivada, sobre supuesas irregularidades en obras de un inmueble propiedad del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas. Este viernes, Lorenzo reiteró su versión: "cuando sea llamado al juzgado, voy a acudir, y desde luego en las declaraciones que yo he hecho, que están grabadas, me voy a ratificar", indicó, y si no hay acuerdo en conciliación, "ya utilizaré mis mecanismos de defensa". Rey declaró este viernes en una radio local que es una "acusación falsa" en la que se le imputa "un delito gravísimo del que no tienen ninguna prueba", acusando al PP de utilizar "bulos, fango y basura mediática".

El grupo municipal del BNG afirmó este viernes que deja a PP y PSOE "la política del lodazal", pues está centrado en "los problemas reales" de los vecinos y en "ofrecerles una alternativa", por lo que no valoró la querella y las acusaciones de Lorenzo. La edil nacionalista Avia Veira declaró que desde el grupo "mostramos pública y personalmente nuestra solidaridad con las funcionarias afectadas por una situación que nunca se debió producir" y se pusieron "a su disposición respetando sus tiempos y sus decisiones".

El miércoles, después de las declaraciones originales de Lorenzo, la alcaldesa lo llamó para pedir que rectificase. De acuerdo con el líder del PP, "la llamada fue en un tono bastante fuerte, de muy malas formas y alzando la voz", y " si yo hubiera sido funcionario, me sentiría muy intimidado", pero afirmó que "yo no me voy a callar". Según la versión que ofreció este viernes, el Concello les abrió un expediente informativo a tres funcionarias y un funcionario y les hicieron "firmar un compromiso de confidencialidad". Una de las funcionarias, afirmó, estaba de vacaciones a más de 100 kilómetros de A Coruña y se la llamó "urgentemente" desde el Concello, que la trajo en coche oficial hasta el Palacio Municipal a una reunión en la que "seis personas se sientan enfrente y le empiezan a preguntar por el tema de esta documentación enviada" a la Fiscalía, entre ellas la alcaldesa, Lage Tuñas y "cuatro personas más que pertenecen al gobierno municipal, pero que no son cargos políticos". Cuando salió de la reunión, insiste Lorenzo, "expresó a muchas personas la situación que se había encontrado, expresó sus miedos y expresó el acoso que había recibido por parte de todos los intervinientes en esta reunión".

Otro de los funcionarios, siempre según Lorenzo, fue convocado y tuvo que anular un tribunal de oposiciones. "estas personas, a la vista de cómo se estaban desarrollando los hechos, acudieron a un abogado", y "lo que tengo claro es que yo no puedo mirar para otro lado", insistió el portavoz del PP, que reclama al Concello que cambie "las formas en que se tratan a los funcionarios" y promete protegerlos. Para la alcaldesa, las acusaciones de Lorenzo son calumnias.

El portavoz del PP reclama a la Alcaldesa que pida perdón a los funcionarios "a quienes han acosado verbalmente y presionado", afirmó que la concejala del BNG Avia Veira ya había mostrado su apoyo a las funcionarias antes de sus declaraciones de esta semana, y recuerda que la CIG envió el 11 de noviembre un correo electrónico a los funcionarios municipales denunciando la situación. De acuerdo con el comunicado, al que ha tenido acceso este diario, la sección sindical muestra su "total apoyo y solidaridad" con trabajadoras de Urbanismo que padecen lo que "podría ser constitutivo de una actitud de represalias por el simple hecho de cumplir con su deber" y colaborar con la Justicia. "No es la primera vez que esta sección sindical de la CIG tiene que salir a denunciar públicamente actitudes represivas por parte de este Gobierno municipal", indica el texto.

Documentación "que no se debería haber remitido"

Como ya publicó este diario, la Fiscalía provincial de A Coruña archivó las diligencias de investigación preprocesal que había abierto tras recibir una denuncia por presuntas irregularidades en obras realizadas en un inmueble propiedad del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas. El Ministerio público adoptó su decisión tras requerir documentación al denunciante y al Ayuntamiento, y concluir que «no existían indicios de responsabilidad penal», según consta en el decreto de archivo de las diligencias, al que ha tenido acceso este diario.

La investigación se refería a obras de segregación del piso en dos inmuebles y en su cambio de uso de comercial a residencial, en las que el denunciante advertía de «supuestas irregularidades» tanto en los trabajos como en «la concesión de las licencias oportunas por parte del Ayuntamiento», recoge el decreto de Fiscalía. El Ministerio público afirma que recibió documentación del Concello que «probablemente» no se le debía haber remitido, pues se trataba de borradores, no de textos definitivos y firmados, así como un índice elaborado de forma manual, no automatizada. El decreto defiende que esto no cambió la investigación, y que la remisión de los textos no supone un delito de falsedad documental, aunque el Concello pueda realizar acciones «en el orden interno».