El Congreso tramita una proposición de ley para limitar que se eluda el tope al alquiler vigente en A Coruña

En julio, el Estado incorporó la ciudad, por iniciativa del Ayuntamiento, al listado de zonas de mercado residencial tensionado, una medida que, durante tres años, permitirá congelar con carácter general los precios de los alquileres, poner precios máximos en algunos casos y dar beneficios fiscales a arrendadores. La declaración ha impedido que los precios sigan subiendo, pero los alquileres firmados desde entonces han caído en relación al año pasado, y, como ya publicó este diario, hay propietarios que pasan sus pisos al alquiler de temporada, una modalidad que supone un tercio de la oferta en A Coruña y no está sometida a restricciones. En una entrevista publicada por este diario el domingo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señalaba como «prioritario» acabar el «fraude» en estos contratos y en el alquiler de habitaciones, y fuentes de su Ministerio se remiten a una proposición de ley para hacerlo, promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG y con apoyos de PSOE y PNV, pero enfriada por el bloqueo de Junts.

El borrador de la norma indica que, con la legislación actual, el arrendador «puede elegir entre realizar contratos largos a precio regulado o realizar contratos cortos sin ningún tope de precios, sin que ello tenga ninguna repercusión». Esto se debe a que, siguiendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendamiento de vivienda es aquel que se realiza sobre un inmueble habitable y «cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario»

En cambio, cuando se alquila un piso «por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra», el contrato queda excluido de la definición anterior, y se asimila al arrendamiento de una oficina o un local comercial. La legislación que establece las zonas tensionadas se refiere a los alquileres de vivienda, con lo que deja fuera a los arrendamientos de temporada, y los precios no tienen limitaciones. El Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) protestó por esta forma de soslayar el espíritu de la ley, que, según confirmaron a este diario varias inmobiliarias de la ciudad, están adoptando propietarios coruñeses.

La proposición contempla cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir dentro del apartado de arrendamiento de vivienda a los alquileres temporales de casas y de habitaciones «que venga a cubrir la necesidad de vivienda del arrendatario cuando éste se encuentra temporalmente desplazado de su domicilio habitual, por causa justificada y acreditable». La norma en tramitación afirma que busca garantizar los derechos de los inquilinos temporales y, sin eliminar la figura, reducir su atractivo «para su uso especulativo».

Estos alquileres quedarían sometidos a las limitaciones del mercado residencial tensionado, si bien no con carácter retroactivo. Es decir, la nueva normativa no cambiaría la consideración de los contratos temporales que ya existen, si bien cuando acabe la duración pactada en este «quedarán extinguidos sin posibilidad de prórroga». A los que se firmen y se renueven tras la entrada en vigor sí se les aplicaría el cambio.

La propuesta también se refiere al alquiler por habitaciones, e indica que la renta del conjunto del piso, o la suma de las rentas de las habitaciones, está restringida a las limitaciones del mercado residencial tensionado. Así, por ejemplo, un propietario que tenga un piso alquilado por habitaciones no podría subir la renta libremente, sino que quedaría vinculado a la del último contrato, como ocurre en el alquiler convencional. De acuerdo con el preámbulo de la propuesta, los elevados precios del mercado de alquiler empujan a muchas personas a vivir en habitaciones arrendadas, un fenómeno que, como ya publicó este diario, se ve también en A Coruña.

La Cámara Baja tomó en consideración la proposición de ley ya hace un año, pero no fue hasta el pasado noviembre cuando se activó la tramitación parlamentaria, y se convocó a la ponencia que se encargó de examinar las enmiendas presentadas. Tuvo el apoyo de PSOE y PNV, pero la tramitación se complica por la ruptura de Junts con el Gobierno. La formación nacionalista se mostró crítica con la regulación de los alquileres de habitaciones.

Más de 1.000 pisos en Casa 47

El Colexio de Arquitectos ha mencionado otros «fallos normativos y metodológicos» para aplicar la norma en A Coruña, como problemas en el índice de referencia elaborado por el Estado para establecer el valor que deben tener los arrendamientos de determinados inmuebles. También, al igual que el Ayuntamiento, reclama a la Xunta que establezca un registro autonómico de grandes tenedores, pues la legislación prevé especiales limitaciones para estos.

Sobre los problemas de la aplicación de la zona tensionada de A Coruña, la única de Galicia, el Ministerio de Vivienda señala que «las competencias en materia de vivienda recaen principalmente en las comunidades autónomas» y afirma que otras «disponen de un registro de fianzas obligatorio del alquiler que permite seguir los precios con transparencia». En Galicia es obligatorio depositar las fianzas y la Xunta cuenta con un Observatorio da Vivienda que ofrece datos de precios actualizados mensualmente.

El Ministerio señala que el PSOE también ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para impulsar el alquiler a precios asequibles, y Rodríguez señaló en la entrevista que la empresa pública Casa 47 pondrá a disposición de la ciudadanía 2.000 viviendas de la Sareb. En la provincia de A Coruña, más de 1.000.

Suscríbete para seguir leyendo