El Superior valida el plan del Concello de A Coruña para hacerse con la Casa Escariz

El paso a manos municipales de la Casa Escariz, situada en la plaza de Pontevedra, avanza con la desestimación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del recurso de los albaceas del filántropo Manuel Piñeiro Pose, que también gestionan la fundación del mismo nombre, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, que legitimó la actuación del Concello para hacerse con la propiedad del inmueble. El fallo puede ser sin embargo recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que la solución definitiva a este conflicto, en el que existe además otro procedimiento judicial abierto, podría demorarse.

«Llevamos mucho tiempo defendiendo que los bienes públicos deben ser para todos los coruñeses, y no para unos pocos», manifestó este viernes la alcaldesa, Inés Rey, sobre la resolución judicial, que considera que «da la razón» al Concello, del que dijo que seguirá «trabajando para que esas propiedades puedan ser de uso público».

Los demandantes luchaban por la propiedad de dos edificios con fachada conjunta que dan a las calles Payo Gómez y Teresa Herrera, así como a la plaza de Pontevedra. La sentencia también excluye del litigio a la Fundación Legado Manuel Piñeiro Pose, a la que considera en situación de fraude procesal, ya que estima que su intervención como codemandada no era legítima.

Según explica el tribunal, en el acuerdo originario del Concello, del 10 de noviembre de 2021, decidía acudir a una consignación judicial (jurisdicción voluntaria) para abonarle a los albaceas de la fundación 172.339 euros, el 6,51 % del valor de los bienes inmuebles objeto del legado instituido en el testamento a favor del Hospital Municipal de A Coruña como paso previo a la inscripción de la titularidad de los bienes a favor del Concello en el Registro de la Propiedad. Para calcular esa cantidad, el Concello consultó el valor catastral de los inmuebles.

Los apelantes alegaron diversas infracciones procesales, incluyendo la denegación de pruebas y la falta de competencia del órgano que dictó el acuerdo. Sin embargo, el tribunal concluye que no se vulneraron sus derechos de defensa y que el acuerdo impugnado era conforme a derecho, por lo que se limitó a examinar las cuestiones de competencia y procedimiento, de forma que remitió el pleito sobre el legado de Piñeiro Pose a la jurisdicción civil.

Los magistrados subrayan que el acuerdo impugnado «tiene la condición de acto de carácter meramente instrumental» y validan la sentencia de primera instancia, que limitó «el examen que puede hacer la jurisdicción contenciosa de ese acuerdo a aquellas infracciones en materia de procedimiento o de competencia que se pudieran haber cometido con su dictado». La Sala también destaca, al igual que la resolución apelada, que consta que a los recurrentes «se les dio vista de la documentación esencial del expediente», fueron oídos en el trámite de audiencia antes de que se dictara el acuerdo municipal, se les notificó y pudieron recurrirlo por vía administrativa y judicial.

Para el Superior, esto revela que que los albaceas «tuvieron conocimiento cabal de los trámites, actos y datos esenciales del expediente a la hora de defender su postura», por lo que entiende que no existió indefensión.