El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás

En 2008, aún con Javier Losada como alcalde, el Concello de A Coruña concedió permiso al dueño de las dos últimas plantas del número 49-51 de la calle Santo Tomás para realizar ampliaciones y ampliar un ascensor, pero la obra no cumplía la normativa y, tras una denuncia, fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2012. El Ayuntamiento acabó demoliendo la obra de forma subsidiaria, realizando los trabajos pero pasando la factura al dueño. Este reclamó al Concello, responsable de conceder la licencia, una indemnización de cerca de 800.000 euros, y la Justicia ha condenado al Ayuntamiento a pagar. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 como el Superior, que acaba de emitir una sentencia, respaldan que debe haber compensación pero la rebajan a unos 223.900 euros.

El fallo de 2012 señala que el Concello no debería haber concedido la licencia, puesto que el proyecto de obra no contenía la previsión de plazas de garaje que obligaba a guardar la normativa municipal en vigor en ese momento. En 2016, un juzgado de lo Contencioso-administrativo de la ciudad ordenó la demolición de la ampliación realizada, que, según el proyecto técnico, es de unos 350 metros cuadrados, de los cerca de 1.400 que tiene el edificio. El Concello inició el proceso para derribar la obra, con un coste de casi 350.000 euros, y los trabajos de demolición empezaron en diciembre de 2021.

Pero el propietario reclamó al Ayuntamiento una compensación por «los daños y pérdidas de ocasionados por la anulación judicial de la licencia». Pedía unos 795.000 euros, sumando conceptos como los gastos que había realizado para obtener las tasas y la licencia, el precio de las obras o el beneficio que había dejado de percibir. También incluía los «costes de reposición» es decir, de la demolición de la parte ampliada del edificio, que en su momento el propietario valoró en algo menos de 165.000 euros.

El Concello trasladó la petición al Consello Consultivo de Galicia, un órgano de evaluación de cuestiones técnicas y jurídicas. Este, en un dictamen de enero de 2022, consideró que el Ayuntamiento no tenía que pagar, al considerar que los daños que reclamaba el dueño «o bien no están debidamente acreditados, o bien carecen de la condición de indemnizables». Sobre las obras de demolición, el Consultivo afirmó que la estaba realizando el Concello.

El dictamen también cita como «relevante» un informe del arquitecto municipal que hace referencia «a toda una serie de irregularidades en la ejecución de la obra», que hacen que lo que se construyó fuese diferente al proyecto para el que se otorgó la licencia. El Concello afirmó que los trabajos fueron «totalmente diferentes» de aquellos a los que se dio permiso, y que además serían ilegalizables por razones tanto de habitabilidad como de seguridad.

Ante el rechazo municipal a concederle una compensación, el propietario acudió a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 estimó parcialmente su reclamación a principios de año, y declaró que el Concello tenía «responsabilidad patrimonial» que valoró en algo menos de 223.900 euros. El Concello apeló al Tribunal Superior, pero este, en una sentencia del pasado 30 de octubre, desestimó sus argumentos y ratifica que es responsable.

El tribunal considera que el Ayuntamiento de A Coruña, al conceder la licencia, «prescindió del mínimo exigible de valoración técnica» que le podría haber permitido comprobar que el permiso de obras no se adecuaba a la normativa en vigor, y le impuso el pago de costas hasta los 1.000 euros. El fallo deja abierta la vía de interponer un recurso de casación.

Ocupantes ilegales

En el edificio, según indicó un vecino a este diario, llegó a haber ocupantes ilegales, y estuvo a punto de ser ocupado, en febrero de 2024, por las personas que habían ocupado la casa baja del 5 de la calle Washington antes de ser expulsadas tras protestas de los vecinos. En esta casa de Monte Alto, según los residentes del barrio, se vendía drogas, y los adictos que acudían allí a comprar su dosis realizaban hurtos y pedían limosna de forma agresiva.

En febrero del año pasado, más de doscientos vecinos se concentraron en una cacerolada de protesta contra la inseguridad y varios intentaron entrar en la vivienda ocupada, golpeando puertas y ventanas. La Policía intervino para evitar accidentes y los residentes intentaron ocupar el 49-51 de Santo Tomás, aunque lo evitaron agentes de la Policía Local.

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