Estas son las lagunas para aplicar el tope de precios de A Coruña, y esta es la solución que ha adoptado Cataluña

Desde julio, A Coruña es una zona de mercado residencial tensionado, lo que conlleva limitaciones a los precios de los alquileres. La medida ha permitido que la valía de los nuevos arrendamientos se congele desde entonces, mientras que ha seguido subiendo en el resto de ciudades gallegas, pero el número de contratos ha caído en relación a los mismos meses del año pasado y hay propietarios que están pasando sus pisos al alquiler de temporada, al que no se aplican limitaciones. Esta modalidad supone ya casi un tercio de las ofertas de vivienda en Idealista, pero el Gobierno considera que hay «fraude» y el Congreso está tramitando una proposición no de ley para paliarlo. A falta de solución a nivel nacional, el Parlament de Cataluña acaba de aprobar una nueva regulación para la comunidad, dirigida a evitar el trasvase.

La norma, pactada en abril por PSC, ERC, Comuns y la CUP, indica que los alquileres de temporada de vivienda se consideran residenciales, con lo que quedan sometidos a los límites de precio cuando se firmen en zonas tensionadas. Actualmente, y siguiendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendamiento de vivienda es solo aquel que se realiza sobre un inmueble habitable y «cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda». Cuando un piso se arrienda «por temporada, sea esta de verano o cualquier otra», entra en la misma categoría que el alquiler de una oficina o un negocio. Y, por tanto, excluida de topes de precios.

La norma catalana deja fuera de las restricciones de precios a arrendamientos que no sean para vivir, sino por fines de ocio Así, se seguirá considerando alquiler de temporada aquel que tenga como finalidad los «usos recreativos, vacacionales y turísticos», y habrá que dejar constancia de la finalidad del contrato y aportar documentación que lo justifique. También se regula el alquiler por habitaciones: la suma de todas las rentas de un mismo piso no podrá superar el tope que marca la ley para ese inmueble alquilado en su conjunto.

La previsión es que esta norma se empiece a aplicar este mismo año. Los nuevos contratos de temporada con uso residencial que se firmen en zonas tensionadas deberán respetar los topes de precio, mientras que los vigentes se irán adaptando a medida que venzan y se renueven. Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, afirmó la semana pasada que empezará a aplicar de manera inmediata la nueva regulación , pues su municipio también fue declarado zona de mercado residencial tensionado, e instó a la Generalitat a «hilar muy fino con la sanción y la inspección» para perseguir el fraude en los contratos de temporada.

La norma, que recibió el apoyo de PSC, ERC, Comuns y la CUP y el voto en contra PP, Vox y Aliança Catalana, incluye un régimen sancionador, con multas de hasta 900.000 euros a los que se salten el tope fijado por ley, una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento de vivienda y la creación del registro de grandes tenedores. Este último punto es importante porque esta figura, definida en la ley como los propietarios que posean más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados construidos, está sometida a especiales limitaciones y tope de precios para sus viviendas.

Y el Concello de A Coruña, que promovió la declaración de zona tensionada, acusa a la Xunta de no tomar medidas como esta para asegurar el éxito de la declaración de zona tensionada. El Gobierno gallego, del PP, se negó a promover declaraciones de zonas tensionada por sí mismo, pues considera que son contraproducentes. Aunque tramitó ante el Gobierno central la solicitud elaborada por el Ayuntamiento, el edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, afirmó que el Ejecutivo autonómico se «niega», tras la aprobación de la medida, a crear un censo de grandes tenedores y no ha desarrollado un régimen sancionador. «Va a ser una profecía autocumplida: creen que va a fallar porque van a poner piedras en el camino», protestó el edil en el pleno municipal de septiembre.

Propuesta a nivel nacional

Con el PP en contra de regular el mercado del alquiler, una medida que, según considera el partido, acaba restringiendo el mercado de la vivienda y perjudicando a los ciudadanos, no es previsible que haya una normativa similar a la catalana en el Parlamento gallego, en el que los populares tienen mayoría absoluta. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha declarado que es «prioritario» acabar con el «fraude» en contratos de temporada y alquiler de habitaciones, y el Congreso tramita una proposición de ley para hacerlo, promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG y con apoyos de PSOE y PNV.

El borrador de la norma critica que actualmente un propietario pueda «elegir entre realizar contratos largos a precio regulado o realizar contratos cortos sin ningún tope de precios, sin que ello tenga ninguna repercusión»», por lo que busca ampliar las limitaciones de precios en zonas tensionadas a arrendamientos de temporada de vivienda. También establece medidas para regular los alquileres por habitaciones. La Cámara tomó en consideración la proposición de ley hace un año, y se activó la tramitación parlamentaria en noviembre. Pero la aprobación se complica por la ruptura con el Gobierno de Junts. Este partido votó en favor de algunos puntos de la norma catalana en el Parlament, pero no el grueso de ellos, y se opuso a la nueva regulación de los alquileres de temporada.

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