Casi 180 padres de A Coruña acudieron a la Justicia por impago de pensiones en 2024

Los procedimientos legales relacionados con conflictos familiares suelen ser dolorosos, especialmente cuando hay menores implicados. Estos se dan, mayoritariamente, cuando existen casos de impagos de pensiones alimentarias, abandonos familiares o quebrantameientos de custodia, entre otras coyunturas. El incumplimiento de las obligaciones económicas con los hijos e hijas sigue siendo la cuestión que más se judicializa: estos conflictos llevaron a los tribunales coruñeses a iniciar 174 procedimientos en 2024, tal y como refleja la Memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. «La fijación de pensiones de alimentos y su impago son las cuestiones que suscitan más problemática a la hora de afrontar una crisis familiar. La siguiente cuestión son las custodias, fijar el reparto de los tiempos de los niños con ambos progenitores y el uso y disfrute de la vivienda», explica la abogada especialista en derecho de familia Irene Culebras, del despacho coruñés Torres Díaz.

De los 174 padres que acudieron a la justicia por esta cuestión en los juzgados de A Coruña, la inmensa mayoría, el 80%, llegaron a juicio (140 en total). La diferencia es llamativa si se observan los datos de la provincia Pontevedra, con 324 procedimientos abiertos de los que menos de la mitad, 140, llegaron a juicio.

Aunque en el caso de A Coruña la cifra es estable con respecto a 2023, cuando se iniciaron diligencias en 179 casos —lo que supone un descenso de cerca del 3%— los abogados de familia sostienen que la tendencia ha variado en los últimos años hacia vías que evitan las salas de los tribunales. «Antes podía haber una tendencia a intentar resolver estas cuesitones de forma contenciosa. Siempre es aconsejable que los profesionales orienten y aconsejen a sus clientes a cualquier solución que provenga del mutuo acuerdo, sobre todo cuando hay menores, con todo lo que eso implica», explica Culebras.

El propio marco legal así lo conviene: desde abril del año pasado, la última modificación de la ley 1/25 fija la prioridad de llegar a un acuerdo, a través de una negociación previa, antes de iniciar la vía judicial, así como la necesidad de acreditar estos intentos. «Nosotros ,como despacho, nos caracterizamos por eso: acudir a la vía judicial solo cuando no es posible alcanzar un acuerdo. Esto, que es lo deseable y lo de que muchos compañeros y operadores jurídicos defendíamos, se ha impuesto legalmente», explica la letrada.

La resolución extrajudicial de conflictos familiares ya estaba contemplada en la Ley de mediación del año 2012, con evidencias que inclinan la balanza hacia el acuerdo como una forma más efectiva de resolver estas cuestiones por encima del dictamen judicial. El cambio se ha ido obrando, en paralelo, en el ánimo de las familias, pero también en la sensibilidad de los profesionales que las acompañan.

«Las personas que tienen un problema derivado de una crisis familiar llegan a los despachos agobiados, asustados y necesitados de un buen acompañamiento. El profesional tiene que advertirles de que existe la posibilidad de llegar a una solución consensuada. Hay una crisis familiar, pero la familia no desaparece, se transforma en otra cosa, se constituye una nueva unidad familiar, sobre todo si existen niños», reflexiona la abogada. El dictamen judicial, abunda, no suele satisfacer a las partes en su totalidad, a diferencia de si la fijación de nuevas dinámicas familiares nace del acuerdo. «Quizás por falta de educación social y de concienciación, la sociedad no conoce este método alternativo, y quizás los profesionales no hemos sabido hacer llegar a la sociedad su existencia. Ahora es un imperativo legal», reflexiona.

Otras cuestiones relacionadas con conflictos en el hogar que dieron pie a procedimientos judiciales en A Coruña fueron el quebrantamieto de los deberes de custodia, con 40 casos en 2024 —frente a los 48 de 2023, un 16% menos— , aunque de estos solo 3 llegaron a juicio, o el abandono de familia, con 46 casos ambos años. Además, en 2024 se iniciaron diligencias por sustracción de menores en 13 casos, así como 7 por abandono de niños o niñas.

En el caso de delitos como el impago de las pensiones alimentarias, explica la abogada, muchas veces no existe «voluntad de incumplir». «Se pueden dar circunstancias, generalmente de naturaleza económica, que puedan llevar a que la medida, tal y como ha sido fijada, no se pueda cumplir en sus estrictos términos», valora Culebras, lo que lleva, en ocasiones, a la apertura de procedimientos de modificación, que es el más habitual en los despachos especializados en derecho de familia, más allá de los que obligan a ejecutar las medidas. «A veces las circunstancias cambian e implica que sea necesario revisar las medidas, más que una voluntad de incumplimiento», señala.

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