La nueva planta de basura en A Coruña: auditorías, multas y la opción de intervenir la planta

«El Concello dispone de todas las capacidades y no cede ninguna sobre el control de la planta», destacó el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, al anunciar la apertura de la licitación del nuevo contrato para la gestión del complejo de tratamiento de residuos de Nostián, con una duración de 25 años y un presupuesto de 585 millones. Lage añadió que los pliegos de condiciones mediante los que se licitará la nueva concesión prevén la realización de inspecciones, auditorías y requerimientos al adjudicatario con el fin de comprobar que su actividad se ajusta a las exigencias establecidas.

El pliego contiene que el incumplimiento de todas estas condiciones «se considerará falta muy grave y podrán sancionarse con multa de entre el 4% y el 10% del precio anual del contrato» e incluso con su resolución, a lo que se añadirá la indemnización al Concello por los daños y perjuicios producidos. El incumplimiento de la cláusula de mantenimiento del empleo será además una infracción muy grave si hay despidos improcedentes con sentencia firme y el trabajador afectado haya manifestado su deseo de ser readmitido.

Otra de las cuestiones destacadas por el portavoz municipal es que la licitación obliga a a que se hagan inversiones de mejora en las instalaciones a lo largo de todo el contrato —2,5 millones en el décimo año y 5 millones en el decimonoveno—, con el fin de que «cuando se llegue al final de esa concesión no se entreguen ni en malas condiciones ni sin tener en cuenta la necesaria actualización y modernización».

Pólizas de responsabilidad por valor de cinco millones de euros

Lage mencionó además que el nuevo concesionario deberá suscribir pólizas de responsabilidad civil general y ambiental por valor de 5 millones de euros y que esta garantía se extenderá durante toda la concesión y los 18 meses siguientes a su fin. «Esto significa que rematada la concesión hay que entregar el patrimonio municipal en condiciones, ya que si no es así, no se pueden devolver las garantías que se hayan depositado», explicó.

El trasfondo de esta iniciativa municipal son los numerosos pleitos mantenidos por el Concello con la aún gestora de la planta, Albada, desde que inició el contrato en el año 2000. Desde entonces se han sucedido los conflictos entre ambas partes que han acabado en los tribunales y, en ocasiones, con resoluciones judiciales que han tenido importantes consecuencias económicas.

El pliego de condiciones permite comprobar las exigencias que plantea a quien quiera hacerse cargo del nuevo contrato. Entre ellas figura la obligación de visitar la planta de basuras actual y los puntos limpios —cuya gestión también entra en esta concesión— «a fin de conocer sus características a la hora de presentar ofertas», para lo que se acreditará que se ha realizado la visita. «De esta forma, el licitador no podrá alegar desconocimiento del estado de las instalaciones, en relación con la presentación de su oferta», señala el documento.

También menciona el cuidado que deberá tener la concesionaria con el mantenimiento de la maquinaria, vehículos e instalaciones, ya que su «abandono o desidia» implicará la aplicación de sanciones y «podrá suponer el inmediato rescate del servicio». Sobre la actividad de la planta, el Concello «podrá inspeccionar el servicio, las instalaciones, la documentación y contabilidad de la empresa y la documentación laboral», para verificar el cumplimiento de los pliegos y la oferta de la adjudicataria.

También deberá el contratista «facilitar cualquier información vinculada a la gestión y operativa de las instalaciones y de la ejecución del contrato» y el control municipal del mismo «podrá incluir la realización de las auditorías que se estimen oportunas» para ejercer el control económico financiero de la concesión y el técnico-organizativo de la explotación.

Una resolución del contrato por incumplimientos

Para el Concello, «esta exigencia de atender a las instrucciones, órdenes y requerimientos tiene el carácter de obligación esencial del contrato», por lo que su incumplimiento «tendrá el carácter de infracción grave o muy grave» e implicará la imposición de penalidades. En caso de que sea reiterado, «podrá implicar la resolución del contrato».

También figura en el pliego que se podrán emprender «las acciones de inspección necesarias para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones especiales de ejecución del contrato», para lo que habrá obligación de «facilitar, cuantas veces se requiera, el acceso a las instalaciones, infraestructuras y vehículos adscritos al contrato, así como a la documentación derivada de la prestación del servicio».

El Concello podrá además rescatar o suprimir el servicio de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como «disponer el secuestro o intervención de la concesión», posibilidad que Lage recordó que se ejerció en 2020 cuando Albada se negó a tratar la basura procedente del Consorcio As Mariñas al haber terminado su contrato y el Gobierno local intervino la planta. El portavoz municipal obvió sin embargo que la empresa recurrió esa decisión y meses después los tribunales le dieron la razón.

Otra obligación del concesionario será presentar un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos sociales y ambientales del contrato que incluya las medidas adoptadas, mientras que al final de la concesión deberá aportar una memoria técnica que también dé cuenta de los resultados conseguidos. Ambos documentos serán fiscalizados por el Concello, que si aprecia incumplimientos podrá proponer sanciones o la retención de la garantía económica establecida en el contrato.