La Policía Nacional detuvo a 93 personas en A Coruña en 2025 por atacar a agentes: «La agresividad va 'in crescendo'»

Cada vez es más frecuente que los policías de A Coruña reciban ataques. El Ministerio del Interior no ofrece estadísticas en el municipio de atentados contra la autoridad, esto es, casos en los que una persona agrede a un agente, lo acomete o se opusiesen a ellos «con intimidación grave o violencia». Pero, de acuerdo con datos a los que ha tenido acceso este diario, en 2024 la Policía Nacional detuvo a 72 coruñeses por este concepto, y en 2025 la cifra subió a las 93 personas. Una cada cuatro días, y en los primeros días de enero ya ha habido tres casos.

A veces, los delincuentes llevan armas. En mayo de 2024, un hombre intentó apuñalar a un agente en una cafetería de Cuatro Caminos durante las celebraciones del ascenso del Deportivo a Segunda División: según fuentes conocedoras, se salvó de ser herido porque portaba equipo antidisturbios, con chaleco de protección y casco. Este mes de junio, otro varón sacó una navaja cuando varios policías lo estaban identificando en la avenida de Arteixo: tres resultaron heridos leves reduciéndolo, si bien no por el arma.

Según explica Marcos Franco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en A Coruña, en la ciudad no suele haber heridos grave y «las lesiones habituales son pequeñas roturas musculares u óseas, rasguños, arañazos». Pero la tendencia preocupa, pues los atentados «van creciendo año a año y mucho: hay mucha más falta de respeto a la autoridad y la agresividad va in crescendo».

En algunas ocasiones, se trata de sospechosos de otros delitos que se oponen a ser detenidos o identificados, pero hay una gran variedad, desde un individuo al que la Policía Local para por conducir bebido y «se revuelve» al familiar de una persona que está siendo arrestada que ataca a los policías. «Los autores son cada vez más variados, aunque cada vez más jóvenes», añade Franco, que señala que, excepto en casos concretos, no suelen ser reincidentes, algo que sí pasa en otros delitos como los robos con fuerza o intimidación. Tampoco hay una «zona concreta» en la que se concentren, aunque en algunos barrios en los que hay «algo más de delincuencia en general» se pueden dar con más frecuencia.

Fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) afirman que «nos encontramos ante cifras escalofriantes», y que en 2024 casi 16.700 agentes del 091 y la Guardia Civil fueron agredidos. El Gobierno no ha conseguido combatir la criminalidad violenta, consideran, que está en alza. «Hay menos respeto al principio de autoridad, se desafía cualquier indicación y se agrede cada vez más a los policías», resumen.

Y ni A Coruña ni Galicia son «ajenas». «Nos encontramos con casos más violentos en los que policías son agredidos o actúan en la calle en la que los delincuentes están en posesión con armas blancas o objetos contundentes», señala el sindicato, que indica que se está presentando con más asiduidad como acusación particular en los juzgados para defender los intereses de agentes agredidos.

Profesión de riesgo

Desde el SUP, que reclama desde hace años más personal policial para A Coruña, creen que para proteger a los agentes es necesario reforzar las dotaciones de calle, para afrontar situaciones de riesgo con efectivos suficientes, y también dar más formación en defensa personal. Exigen un «endurecimiento de las penas», y señalan que a nivel europeo se está tramitando una propuesta para tipificar las agresiones a agentes como eurodelitos y considerarlos profesión de riesgo.

Actualmente los policías nacionales y la Guardia Civil no tienen esta calificación, algo que desde el sindicato consideran un «agravio comparativo». El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite una demanda del SUP de Galicia, promovida desde A Coruña, para que el Gobierno la reconozca.

El CEP también pide más medios y señala que presentó la propuesta de Directiva Europea para que se reconozca la profesión como de riesgo y las agresiones como eurodelito, pero reclama al Gobierno «no esperar y ponerla en marcha», así como endurecer el Código Penal para que la agresión «no salga gratis» y un «castigo severo para la multirreincidencia». También acusa al Ministerio del Interior de «insumiso» por no ejecutar «la sentencia ganada por la CEP en el Supremo para que tengamos un seguro de responsabilidad civil en nuestro trabajo».