El Concello alerta de que la infrafinanciación de Ayuda en el Hogar le «ahoga» económicamente

Un primer paso aceptable para continuar negociando, pero que no pone solución al impacto del coste del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) sobre las arcas municipales. Es el sabor de boca que deja en el Concello de A Coruña el acuerdo rubricado entre la Consellería de Política Social y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) sobre el incremento de la financiación del SAF, que supone un alza progresiva del 50% en su dotación: de los 12 euros por hora actuales a los 16 este año, los 17 en 2027 y los 18 en 2028. Para la Xunta, una «mejora considerable» con respecto al acuerdo alcanzado en la anterior legislatura, cuando el incremento fue del 24% —partía de menos de 10 euros por hora— pero el Concello matiza su satisfacción. «Lo vemos como algo positivo. Las negociaciones empezaron en 15 euros, estuvieron estancadas y esto es un acuerdo aceptable, vamos a decirlo así», valoró la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa, en declaraciones a este diario.

Desde la propia Federación se reconocía hace pocos días que el pacto con el Gobierno gallego era mejorable, ya que, en palabras de su presidente, el alcalde socialista de Vilagarcía de Arousa Alberto Varela, «no cubre el 100% del coste del servicio», una aspiración «aún pendiente», pero sí ayuda, defiende, a paliar «parte de las dificultades económicas» generadas a los Ayuntamientos para financiar su coste, y justificó las carencias del acuerdo en las dificultades de una negociación «compleja». «Este pacto no solucionará todo, pero alivia una situación que era insostenible», señaló Varela ante las críticas generadas en algunas administraciones locales, al tiempo que recordó que «muchos concellos estaban al límite». Los ayuntamientos sostienen que el coste real del servicio se sitúa entre los 21 y los 25 euros.

Una apreciación que refrenda Nereida Canosa, que insta a la Xunta a «asumir su compromiso» de financiación para que los Concellos no tengan que completar su coste real con fondos propios. «Los Ayuntamientos tenemos que poner cero euros en estos servicios, y la verdad es que nos está ahogando. Nos ahoga a una ciudad como A Coruña, y por supuesto a todos los ayuntamientos del ámbito rural. Cada vez es más insoportable este tipo de situación», alega Canosa.

La titular de Benestar Social detalla que el Ayuntamiento licita la prestación —que financian la Xunta y el Estado y gestionan los municipios— «muy por encima» de la aportación del Gobierno gallego. «Como también Vigo, licitamos en torno a los 25 euros. Lo que tenemos que garantizar con todo esto es una mejora del servicio, fundamentalmente para las auxiliares, que son mayoría mujeres, y calidad para los usuarios, porque es un servicio importantísimo para las personas en situación de dependencia y vulnerabilidad», apremió Nereida Canosa.

El BNG rechazó el pacto al considerarlo insuficiente. El frente nacionalista acusó al Gobierno gallego de «descargar sobre los ayuntamientos una competencia impropia» sin garantizar la financiación necesaria. La diputada del BNG en el Parlamento Galego Olalla Rodil instó a la Xunta y al Gobierno de España a asumir el coste del servicio al completo «a partes iguales».

Para Canosa, el acuerdo es un punto de partida para «seguir negociando» y que la dotación se pueda «ir revisando progresivamente». «Somos conscientes de que es un acuerdo inicial y lo importante es seguir trabajando, porque es cierto que los concellos están muy por encima», remarcó Canosa. Otros municipios de Gobierno socialista, como Lugo, comparten la sensación: su edil del Cohesión Social, Olga López Racamonde, subrayó tras la firma del pacto que este «reconoce por fin la infrafinanciación», y demanda a la Xunta que «asuma lo que marca la ley».

Lista de espera

En el caso del SAF en A Coruña se da una situación singular: hay más personas en lista de espera que en el sistema de beneficiarios de la prestación. En modalidad de dependencia hay 560 usuarios, pero otros 1.200 están pendientes de recibir atención, tal y como hizo público el Concello, que justificó que la el servicio «se presta exclusivamente con el número de horas mensuales asignadas por la Xunta, sin posibilidad de ampliación por decisión municipal» y a la demora en resolver las solicitudes de dependencia. Política Social alega por su parte que tienen «más de 2.500 horas de SAF abonadas y pendientes de asignar a usuarios», además de que «tampoco solicitaron durante el año pasado más incremento de horas». Para la Xunta, A Coruña es «uno de los peores concellos de Galicia en la ratio de atención, que es solo del 30%». En cuanto al SAF Básico, hay 538 usuarios y 600 en lista de espera.

La pasada semana, PSOE y BNG votaron a favor en el pleno municipal de la aprobación inicial de la nueva ordenanza del SAF, que busca adaptar la norma al marco legislativo autonómico y estatal, así como mejorar la gestión del servicio, ampliar las horas y establecer un sistema de copago basado en la capacidad económica de las personas. El PP, por su parte, votó en contra al entender que los usuarios «tendrán que pagar más por el servicio».

Entre los principales cambios. el Gobierno local destacó que se clarifican las modalidades de servicio de Dependencia, Básico y Urgencia Social para atención inmediata, y que se establecen nuevos rangos de intensidad horaria del servicio, que pasaría de 20 a 37 horas al mes para personas con grado 1 de dependencia, de 38 a 64 horas para grado 2, y de 65 a 94 horas para personas que tienen reconocido el grado 3. También se actualiza el copago para que «la capacidad económica» del usuario sea calculada «por los baremos establecidos por la Xunta». «El copago será proporcional a los ingresos», aclaró el Gobierno local.

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