El sector social de A Coruña pide agilidad en la regularización de personas migrantes: «Hay mucha gente esperando para trabajar»

Hace tres años, los ciudadanos senegaleses Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye intentaron parar la agresión brutal que acabó con la vida de Samuel Luiz. Fueron los únicos aquella noche que se interpusieron entre el joven y los golpes y, como tal, testigos esenciales de la agresión, pero huyeron de la escena tan pronto llegó la policía y tardaron varios días en presentarse a declarar. ¿El motivo? Ambos estaban en situación administrativa irregular, y cualquier contacto con las autoridades suponía una posible amenaza para su permanencia en la ciudad.

La incapacidad de ejercer su derecho a denunciar es solo una de las dificultades que atraviesan diariamente las miles de personas migrantes que esperan por los papeles. Ahora, tras el anuncio del Consejo de ministros de que llevará a cabo la tramitación urgente de un Real Decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España desde hace al menos cinco meses abre un horizonte luminoso en el camino para muchas de ellas, a falta de concretar requisitos y casuísticas. «No es la primera vez que una persona llega a una comisaría a denunciar una vulneración de sus derechos y sale con una orden de expulsión. Una regularización no va a hacer que sean menos vulnerables a temas como discurso de odio, pero sí da ciertas garantías por si pasa algo», explica Rodri Gil, responsable de Caguama. Instituto de migracións ecosociais, que asesora y acompaña en A Coruña a población migrante en procesos como el que ahora se abre.

La desprotección y la inseguridad jurídica no es la única derivada de vivir sin papeles: están la dificultad para acceder a servicios básicos, como los sanitarios, o a trámites como el empadronamiento para optar a ayudas y prestaciones. Otra, la más mentada estos días, es la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral con garantías, lo que empuja a los trabajadores extranjeros a la economía sumergida hasta que consiguen regularizar su situación. Un trance que el decreto aspira a revertir y que, defienden las asociaciones, beneficia tanto a empleadores como a empleados. «Nos llaman, por ejemplo, del mar, diciendo que tienen el barco amarrado en el muelle sin poder salir, y que tienen esperando a cuatro o cinco marineros que no pueden trabajar por esto. Hay mucha gente esperando para trabajar», explica Guillermo Obanza, responsable de la ONG Ecodesarrollo Gaia.

Las entidades, aunque aplauden el anuncio del decreto y a la espera de la publicación detallada de sus condiciones, coinciden en señalar que la agilidad en la tramitación tiene que ser uno de los imprescindibles. «La tramitación es muy lenta, muy farragosa. Esto va a suponer una importantísima estabilización para mucha gente que lo está pasando verdaderamente mal. Hay que exigir un periodo de estancia determinado, sí, pero en la regularización que acometió el gobierno de Zapatero, la tramitación fue rápida en la ejecución. Si no se hace así, estamos perdiendo todos, está pediendo el país», valora Obanza. La mayoría de estas personas, además de hacer frente a los gastos del día a día, deben enviar remesas a sus familias en el país de origen; pero estos envíos a veces se resienten ante la precariedad que enfrentan aquí sin papeles. «El proyecto migratorio arrastra gente con muy bajos recursos. En el caso de la comunidad senegalesa, muchos están viviendo a niveles de precariedad absoluta. Ya ni siquiera pueden mandar al día a su país, o, si mandan, son 15 o 20 euros. Tienen lo mínimo para comer y pagar un sitio en el que alojarse», explica Obanza.

Por el momento, las asociaciones optan por la prudencia ante las consultas y dudas que ya les han hecho llegar algunos de sus usuarios, a la espera de que el Boletín Oficial del Estado haga público el decreto con los requisitos para el proceso. «Sabemos que muchas de nuestras usuarias serán beneficiadas por este decreto, pero todavía no hay nada sobre el papel. Puede venir, como ocurrió otras veces, con determinados criterios que excluyan a gente, no queremos dar esperanzas hasta tener la documentación oficial», comenta la trabajadora social Zeltia Rodríguez, de Caguama.

Una de las principales preocupaciones de las entidades está en el plazo que el Consejo de Ministros ha establecido para solicitar la regularización, que estará abierto entre abril y junio. Una ventana que juzgan corta al tratarse de un proceso en el que media un gran volumen de documentación que los solicitantes deben aportar. «Son solo tres meses para recibir un aluvión de solicitudes que no sabemos cómo se va a gestionar. Es importante la flexibilidad para que los interesados puedan hacerlo de una forma ágil y con garantías, teniendo en cuenta el plazo para conseguir ciertos documentos, como el certificado de antecedentes penales, que algunos países tramitan más rápido que otros», señala Rodri Gil. «Mucha gente que objetivamente pueda tener derecho a ese proceso, puede acabar atrapada en burocracia», añade Zeltia Rodríguez.

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