El anuncio de vivienda pública dispara la lista de demandantes en A Coruña: un 70% más en un año

Las 4.000 viviendas de Monte Mero, 700 más en Xuxán y otros proyectos en Os Rosales, Pedro Fernández o plaza Porticada. La Xunta, en algunos casos con cesión de suelo del Ayuntamiento, reaccionó a la creciente alarma social por la crisis de acceso a la vivienda que afecta a casi todas las capas de la sociedad haciendo públicos, a lo largo de los últimos años, sus planes para desarrollar vivienda con algún tipo de protección en A Coruña después de años sin más que iniciativas aisladas. Con el horizonte en 2028, muchos de esos proyectos ya están siendo licitados, y los ecos de esas promesas han tenido su impacto en las listas de demandantes de pisos protegidos en A Coruña.

Según el registro oficial del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), en A Coruña a día de hoy hay inscritas 5.933 personas. Es un 70% más que hace un año: en enero de 2025, eran 3.537 personas las que figuraban en el registro para optar a una vivienda en venta, alquiler o alquiler con opción a compra. Ya entonces se había producido un repunte del 45% con respecto a principios del 2024, cuando no pasaban de 2.400.

Profesionales del ámbito de la construcción vinculan este aumento exponencial, principalmente, a dos causas: el impulso a la promoción pública de los últimos tiempos y la falta de alternativas asequibles, ante la que las medidas puestas en marcha por las administraciones se han demostrado, todavía, ineficaces. «En los próximos años va a venir una oferta fuerte de vivienda, hay un repunte del demandante porque se está publicitando en muchos sitios.

Como es normal, la gente se está interesando», valora el presidente del Consello Galego de Arquitectura Técnica, Carlos Mato, también presidente de la delegación coruñesa del órgano, que, no obstante, advierte de que esta oferta en ciernes «no será suficiente» ante el volumen de la demanda, que se ha intensificado a medida que , entre otras coyunturas, los precios se han ido disparando y el parque residencial ha ido disminuyendo mientras aumentaba la vivienda destinada a uso turístico. «En España se crean 600.000 hogares al año. No se está haciendo vivienda suficiente para cubrir esto», valora Mato.

La oferta de pisos protegidos en A Coruña, avanza el aparejador, pronto empezará a dibujarse sobre el horizonte. «Ya se están licitando los proyectos para los edificios que se construirán en los próximos cuatro años y adjudicando a distintos estudios. El año que viene se estarán iniciando las obras de todo lo que se ha proyectado», asegura.

Los datos han ido oscilando en los últimos años, pero a día de hoy los registros muestran cifras de récord. En 2012, año más duro de la crisis económica derivada de la burbuja inmobiliaria, los inscritos superaban los 4000. En 2022, no obstante, eran menos de 2.000. El gran impulso se dio en los últimos meses del año pasado: en septiembre de 2025, la cifra se mantenía en 3.800 registrados.

Para Mato, este desajuste entre oferta y demanda debe corregirse con medidas «en todos los frentes», más allá de aumentar la obra. «Hay que poner toda la vivienda vacía en el mercado, dar ayudas públicas a la rehabilitación vinculadas al compromiso de que se ponga en alquiler a precio pactado, estimular la colaboración público-privada», propone Mato.

El alquiler es, con mucha ventaja, la opción predilecta de los demandantes de vivienda. Así, un total de 2.563 coruñeses (el 43%) esperan por un arrendamiento, más del doble que el año pasado, cuando los aspirantes eran solo 1.000. De estos, cerca de la mitad, unos 1..206, buscan en concreto que esta vivienda tenga opción a compra —el año pasado eran 726—. Las personas inscritas con el objetivo de comprar un piso también se duplicaron, pasando, en el mismo período, de 348 a 763.

Unos datos que, para otros profesionales del sector, evidencian que el mercado —y el problema ligado a su acceso— no se ha destensado en los últimos meses, a pesar de las medidas puestas en marcha con este fin por las administraciones. «Las promesas de la Xunta tienen que ver, evidentemente, pero también el hecho de que la ciudadanía sigue sin ver horizonte alguno en la cuestión de la vivienda. Hay una burbuja inmobiliaria encima de una burbuja financiera, que ya hasta las sociedades de tasación empiezan a reconocer», analiza la presidenta de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela.

Para la arquitecta, medidas como la declaración de zona residencial tensionada o la aprobación de la nueva ordenanza de regulación de las VUT se han demostrado «insuficientes» para paliar los efectos de este problema, lo que repercute en las expectativas de la ciudadanía. Para Varela, esta ineficacia responde a la ausencia de un régimen sancionador para quien incumple la normativa. «Las VUT suben porque la normativa no se hace cumplir, igual que con los límites de precios de la zona tensionada. La gente se apunta a la lista de demandantes, que es como una lotería, porque esto repercute en la desesperación por acceder a una vivienda», critica Varela. «Si la ciudadanía ve que legislas, pero no haces cumplir la legislación, no sirve de nada», añade.

El principal desajuste que no se ha logrado mitigar, para Varela, es la diferencia abismal que sigue existiendo entre salarios medios y precio medio del alquiler, que «no se ha vuelto a acompasar» pese a los topes de precios que fija la nueva regulación, debido a que, señala, «la vivienda sigue siendo un producto de inversión». Además de introducir un régimen sancionador que disuada estos incumplimientos, Varela anima a la colaboración interadministrativa para, entre otros objetivos, ajustar las características de la oferta a la demanda existente, que, datos en mano, se orienta sobre todo al arrendamiento más que a la compra. «Si en la lista de demandantes predomina el alquiler, ¿por qué lo hacemos al revés y proyectamos vivienda para la venta, que además cada vez es más cara? Hay que analizar el perfil del demandante para detectar las necesidades», propone.

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