El proceso para castigar al Estado por el abandono de la cárcel de A Coruña, en punto muerto: no hay medidas tras más de medio año

En junio del año pasado, el pleno municipal aprobó, por unanimidad, una moción del BNG que reclamaba que el Concello tomase las «medidas pertinentes» para que el Estado mantenga en buen estado la antigua cárcel provincial situada en las cercanías de la Torre de Hércules. El edificio, construido sobre una parcela originalmente del Concello, propiedad del Estado y con un procedimiento judicial abierto sobre su devolución, lleva años abandonado y deteriorándose, sin reparaciones de calado, junto al paseo marítimo. La moción del Bloque pedía adoptar medidas que forzasen al Estado a actuar y un «expediente sancionador», pero, aunque el Gobierno local prometió cumplirla, la oposición señala que no tiene noticia de ello. El Estado y el Concello no han respondido a las preguntas de este diario.

En el pleno de junio, el portavoz municipal, José Manuel Lage, insistió en que el Estado «tiene que cumplir con sus obligaciones», y si no es así el Ayuntamiento debe «actuar con determinación» y en «defensa explícita del acuerdo plenario». Pero fuentes del BNG señalan que «el cumplimiento de las mociones por parte del Gobierno Local es manifiestamente mejorable», y no hay noticias de expedientes al Estado ni sanciones.

La moción incluía negociar con el Estado la negociación gratuita. Según una respuesta del Gobierno local al grupo municipal del PP, están «en negociación», realizando las gestiones «precisas» para una cesión lo «antes posible». En 2005, el alcalde Francisco Vázquez firmó un acuerdo para que el Estado devolviese el edificio al Concello a cambio de ceder una parcela, que ya entregó, y pagarle más de un millón de euros, pero los Gobiernos locales de PP y Marea Atlántica se negaron a pagar y acudieron a los tribunales para obtener la cesión gratuita. La Justicia dio entonces la razón al Estado, que reclamaba el monto del convenio e intereses legales, y el Gobierno local pactó un pago con el Ejecutivo central de 2,3 millones. El acuerdo, según el Ayuntamiento, permitía pagar menos intereses, pero la oposición lo bloqueó y el Estado fue a juicio reclamando el cumplimiento del acuerdo inicial. Un juzgado de Primera Instancia declaró nulo el texto firmado en 2005, si bien el Estado recurrió, y el asunto continúa en los tribunales.

Compromiso con el BNG

El PP reclama al Concello que exija al Estado «de una vez por todas» la devolución gratuita de la antigua prisión, y «fondos para su rehabilitación como responsable de su abandono», pues «no puede seguir más tiempo en este estado». La última sentencia judicial, que anula el acuerdo, «nos dio la razón al oponernos al pago que propuso el Gobierno municipal», señalan los populares, que insisten en que la cárcel debía devolverse gratis.

El BNG llegó a un acuerdo político con el Gobierno local socialista para aprobar presupuestos municipales este año, y este incluye el «inicio de una nueva negociación sobre la antigua cárcel de A Coruña». Fuentes del Bloque señalan que, «aunque transcurrió poco tiempo desde su firma», el pasado 23 de diciembre, «vamos a fiscalizar, lógicamente, que se lleve a la práctica». El pacto de PSOE y BNG para investir a la alcaldesa Inés Rey en 2023 también incluía, si bien sin fecha, el «inicio de una nueva negociación» sobre la vieja prisión.