El Ayuntamiento de A Coruña anuncia una campaña de inspección de pisos turísticos, de los que prevé cerrar más de 700

Desde mediados del año pasado, A Coruña tiene una ordenanza municipal de pisos turísticos, y desde finales de septiembre el municipio cobra una tasa turística a los usuarios de estos, así como a los de los hoteles. Pero la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó este martes que las viviendas de uso turístico son "as que menos cumpren" al pagar la tasa, así como en su "regularización", pues el Concello considera que centenares de ellas no respetan los requisitos con el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y deberían cerrarse y les exige un permiso municipal para abrir al público. Según afirmó, habrá un "plan de inspección" de los pisos turísticos con "persoal que estará adicado especificamente a esta tarefa" y que vigilará que cumplan con la normativa coruñesa.

El municipio, de acuerdo con el registro de la Xunta, tiene más de 1.300 viviendas de uso turístico dadas de alta, si bien no todas tienen por qué estar abiertas al público. Según afirmó en diciembre el edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, de los pisos existentes 747 no cumplen los requisitos para estar abiertos. Ese mes el Concello había establecido 54 procedimientos disciplinarios, y como publicó este diario, en octubre se había llegado a la veintena de clausuras, doce de ellas definitivas, si bien el Ayuntamiento no ha suministrado a este diario datos actualizados.

El Gobierno local, que aprobó la normativa con el respaldo del BNG, afirma que la limitación de los pisos turísticos reducirá la presión sobre el mercado de alquiler convencional. El grupo municipal del PP se opuso a la normativa, y presentó una pregunta oral para el pleno de este jueves preguntando al Gobierno local por qué "considera prioritario reforzar el servicio de Urbanismo para controlar a los propietarios de viviendas de uso turístico, destinando 700.000 € para contratar personal, en vez de para agilizar los plazos de concesión de licencias".

También se ha opuesto a la ordenanza la asociación gallega de propietarios de pisos turísticos, Aviturga, que llevó la ordenanza a los tribunales y afirma que antes de establecer esta norma habría que modificar el PGOM. Este, que lleva más de una década en vigor, no figuran las viviendas turísticas como tales, si bien el Concello las asimila a otros establecimientos de cara al público e indica, con carácter general, que no pueden establecerse fuera de edificios dedicados exclusivamente a ellas, bajos o primeros pisos que no tengan una vivienda bajo ellos.

Fuentes de la entidad señalan que "no tenemos datos para valorar" si las viviendas de uso turístico coruñesas están cumpliendo o no el pago de la tasa turística, pues "desconocemos el número de viviendas que han obtenido la aprobación municipal para funcionar", y de esas, que "serán pocas", en estos meses "posiblemente muchas estén dedicadas a estudiantes", dado que hay pisos turísticos que se dedican al alquiler de temporada en invierno. Sobre la campaña de inspección, Aviturga insiste en que "se están vulnerando derechos de propietarios" que abrieron en años pasados antes de que el Concello empezase a aplicar el criterio de que se les debían aplicar las restricciones del PGOM como a negocios. La ordenanza, recuerda la entidad, está recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "a la espera de que salga la sentencia", puesto que desde Aviturga "no estamos de acuerdo en que se persiga" al sector.