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Atasco de las 'ITV' obligatorias de edificios antiguos en A Coruña, con un volumen "inasumible" para el Concello

Los técnicos municipales admiten que los informes pueden pasar años en trámites en el Concello, que no está aplicando sanciones pues si cumpliese estrictamente la normativa "tendríamos que multar a más de 9.000 comunidades de propietarios"

Técnicos municipales en el encuentro en la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos, este miércoles.

Técnicos municipales en el encuentro en la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos, este miércoles. / CARLOS PARDELLAS

Todos los edificios con varias viviendas y de más de 50 años de A Coruña deberían haber presentado un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) ante el Ayuntamiento, como máximo, en marzo de 2024, una obligación que se ha ido extendido a los que lleguen a esta edad desde entonces. Pero casi dos años más tarde, según propios técnicos municipales, tres cuartas partes de ellos siguen sin haber realizado el trámite, atascado tanto por la falta de profesionales para realizarlo como por un atasco en la propia concejalía de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda.

En un encuentro con arquitectos de la ciudad el pasado miércoles, varios cargos de la concejalía señalaron que no saben el número de inmuebles que deberían presentar el informe, pero que al menos son "más de 10.000". De estos, se ha abierto la tramitación de unos 2.600, pero el Concello no ha resuelto todos, y uno de los cargos de Rehabilitación pidió disculpas a los arquitectos reunidos y señaló que, aunque el Ayuntamiento está "intentando agilizar" el proceso, "el volumen es inasumible por los medios que tenemos". Así, siempre según la propia versión de los técnicos, los informes pueden estar uno o dos años en las oficinas municipales.

Presentar el informe no es opcional, sino una obligación, y no presentarlo en tiempo y forma, de acuerdo con la normativa gallega, es una infracción leve, que debería conllevar “con carácter general” una multa del Concello de 300 a 6.000 euros. Un arquitecto presente en la reunión del miércoles, organizado entre el Concello y la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia (COAG), preguntó por este punto, y, aunque los técnicos municipales no señalaron directamente que el Ayuntamiento no estuviese multando, sí dieron a entender que, en la práctica, no se está aplicando las sanciones. Si se aplicase la normativa, apuntó un cargo de la concejalía, "tendríamos que multar a más de 9.000 comunidades" de propietarios de la ciudad. Eso sí, también apuntaron a que esta misma semana se van a enviar "órdenes de reparación" de deficiencias a edificios en los que se hayan detectado problemas.

Como ya publicó este diario, el COAG, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia y Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña denunciaron los problemas con la normativa, y los dos primeros enviaron una petición formal al Concello para pedir que no aplicase las sanciones. Según explicó el sector, los profesionales que deben realizar los informes se vieron desbordados por una avalancha de peticiones, sin que sea posible atender a todas las peticiones.

El coste, un problema para los vecinos

La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, explicó a este diario el año pasado que hay comunidades con propietarios con "unas condiciones económicas a veces complicadas" que les hacen difícil afrontar el proceso. El IAE necesita encargar un informe a un técnico, que tiene un coste. El informe de evaluación señala las patologías del edificio, y corre a cargo de los vecinos arreglarlas, lo que supone más gasto; y, además, las empresas dedicadas a la construcción y rehabilitación también están saturadas de proyectos y con falta de personal. En opinión de Suárez, sería necesario dar ayudas para estimular que los coruñeses rehabiliten.

En la reunión del miércoles, en la que estuvo presente el edil de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz Gallego, así como cinco jefes de oficinas, secciones y servicios de su concejalía, los asistentes también plantearon algunos problemas asociados a las IEEs, como que haya confusión acerca de qué patologías son leves y cuáles graves. De acuerdo con los técnicos municipales, son leves cuando se trata de problemas "puramente de mantenimiento", aunque admitieron que hay casos en los que resulta difícil de saber. También indicaron a los profesionales que si detectan deficiencias muy graves no esperen a que el Concello dé la orden de repararlas y promuevan que los vecinos las corrijan.

Las licencias tramitadas ante entidad privada, testimoniales

La tardanza a la conseguir licencias urbanísticas es uno de los grandes problemas que afronta el sector, y, para agilizar los trámites, la Xunta permitió la creación de entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), que tras cumplir ciertos requisitos, pueden realizar «actuaciones de certificación, verificación, inspección y control de la conformidad de las obras, establecimientos y actividades con la normativa aplicable en el ámbito municipal». La Xunta contaba este viernes con cuatro entidades inscritas en el registro, de las que dos están en A Coruña. Pero, según explicó este miércoles en una reunión con arquitectos el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, por el momento el recurso está siendo testimonial, y en el municipio de A Coruña apenas se ha recurrido a ellas para unos tres proyectos. Se han concedido al menos dos, señaló, para una obra en la zona de A Gaiteira y para un cambio de usos, y, siempre de acuerdo con el edil, en otras ciudades gallegas la cifra es similar.

Los profesionales presentes en la reunión con el edil, organizada en la sede de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) y a la que también asistieron cinco cargos de la concejalía de Urbanismo, insistieron en que es necesario recortar los plazos para conseguir licencias, pues, según denunció uno de los presentes, las demoras exceden los plazos razonables. La presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, los profesionales piden una «axilización intelixente», sin recurrir procedimientos «por la puerta de atrás».

Los técnicos del Concello, y el propio concejal, admitieron que en las oficinas municipales falta personal; el Concello ha criticado reiteradamente las limitaciones legales a que amplíe su personal más allá de las cuotas establecidas. Pero también señalaron que muchas veces reciben proyectos que necesitan muchas correcciones, y señalaron que «la solución de la Xunta son las Eccom». Díaz Gallego señaló que el Concello trabaja para «modificar la ordenanza» que regula los trámites de las licencias y simplificarla para lograr más agilidad.

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