El Superior niega que el Concello de A Coruña pueda reclamar 1,66 millones a la antigua concesionaria de jardines

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de rechazar que el Concello de A Coruña tenga derecho a reclamar 1,66 millones de euros a la antigua concesionaria del mantenimiento de jardines, Althenia. El Ayuntamiento pedía esta cantidad por trabajos que, según afirma, la empresa cobró y no ejecutó en 2019, y en un primer momento un Juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón, pero la empresa considera que el Gobierno local no ha realizado las cuentas adecuadamente y que no empleó los procedimientos correctos de revisión. El Superior acepta este último punto, afirmando que el Concello incumplió los mecanismos previstos "de forma flagrante y en perjuicio de la contratista, a la que dejó indefensa", por lo que anula la resolución municipal que establecía la reclamación.

Althenia consiguió el contrato en 2015 y las condiciones establecían que recibiría un pago mensual pero que habría una revisión periódica de los trabajos que realmente se hicieron: si la empresa cobraba en exceso, devolvería el montante. El Concello revisó las actuaciones en 2019 y concluyó que "había cantidades que no se ejecutaron", y en 2023 estimó que la empresa debía devolver algo más de 1,66 millones de euros, que se compensarían en otros ejercicios. Pero la empresa no estuvo de acuerdo y recurrió de forma administrativa y luego judicial. Según argumentaba, el Concello no realizó cálculos correctos y que ejecutó un amplio número de proyectos, desde renovaciones en el parque de Santa Margarita al cierre de los huertos urbanos o la cubierta y cierre del área canina de Bens. Así, siempre según Althenia, "los trabajos realizados en exceso" en 2019 serían de cerca de 113.000 euros, que el Concello le debería compensar a la empresa.

Y también, según la concesionaria, el Concello "no cumplió las exigencias formales y temporales" para hacer la revisión de los gastos, lo que "vulneró el principio de seguridad jurídica y le causó a la contratista indefensión". Y en este último punto le da la razón la sentencia del TSXG, que señala que el contrato era sobre una "actividad dinámica" que necesitaba un "control inmediato y permanente" de los trabajos que se realizaban. El Concello tendría que elaborar un documento que recogería las deducciones a aplicar cada mes, dándole audiencia a la empresa, y calcular importes que se detraerían de las facturas de junio y diciembre, dos veces al año.

Pero esto no se hizo, y el Ayuntamiento acabó estableciendo una evaluación posterior: la empresa no pudo presentar alegaciones hasta septiembre de 2020, mucho después de acabado el año. A esto se suma una contravención "de no menor gravedad": en el expediente administrativo no figuran las órdenes de trabajo que tenía que elaborar el Concello y que "era el documento con el que tenía que contar la contratista para ejecutar, con periodicidad mensual, sus servicios". Así, el Superior anula la resolución municipal que afirma que la empresa le debe 1,66 millones al Concello. Este también le reclama en los tribunales a Althenia 3,5 millones por inversiones comprometidas y no ejecutadas durante los ejercicios de 2022 y 2023, en los que realizaba el servicio en prórroga forzosa.

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