Casi 300 migrantes fueron expulsados de A Coruña en los últimos siete años

Entre 2019 y 2025, 279 personas extranjeras residentes en la provincia de A Coruña fueron expulsadas por cometer infracciones graves o muy graves. Detrás de estas cifras facilitadas por el Gobierno a preguntas del Congreso, se esconde una realidad que afecta a personas que no han cometido delitos, pero que no han conseguido regularizar su situación y que pueden acabar siendo deportadas. La provincia coruñesa lidera la presión migratoria en Galicia en estos siete años y el pasado 2025 registró un repunte de 48 casos, la cifra más alta de la comunidad.

El portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, pone voz a la preocupación de los colectivos sociales:«Las expulsiones en Galicia en 2025 nos parecen muchas». La asociación muestra especialmente su preocupación por las expulsiones administrativas:«Se calcula que suponen entre el 15 y el 20% de las deportaciones».

Detectados en controles

Estas personas son detectadas en situaciones ordinarias como controles de carretera, en estaciones de tren o de autobús. A partir de ahí se inicia un complejo proceso burocrático. Cuando se abre una orden de expulsión por infracción grave, como carecer de autorización de residencia, Miguel Fernández señala que «la policía les retira el pasaporte y les da una copia, algo que exagerado».

Muchos de estos extranjeros entran en un proceso en el que deben comparecer de forma quincenal en la comisaría. Esto puede alargarse meses e incluso años. En ese tiempo, el Foro Galego de Emigración intenta asesorarlos para evitar la deportación en el último momento: «Hay una opción que es el arraigo. Si una persona tiene pareja de la Unión Europea, o son padre o van a serlo, son vías que permiten superar esa orden de expulsión», explica Fernández.

Expulsar a una persona por una falta administrativa no es solo un drama humano, sino un proceso costoso para el Estado, lo que provoca que pueda alargarse en el tiempo: «Estas personas tienen que ir a veces en vuelos comerciales acompañados por agentes de policía», explica el portavoz de la asociación.

Explotación laboral

El mapa de las expulsiones en Galicia deja datos llamativos. Mientras A Coruña y Pontevedra — principalmente por Vigo — suelen encabezar las listas por volumen de población, Lugo registró en 2025 un pico de 42 casos, algo que Fernández vincula a un caso de explotación laboral ocurrido en una explotación de arándanos situada en Baamonde, comarca de Terra Chá. «Creemos que no se debería expulsar a la gente en estos casos, si una persona ya es víctima de explotación, encima sumarle eso es una crueldad».

El horizonte de 2026 trae un cambio de paradigma con la regularización anunciada por el Gobierno hace unas semanas: «Entendemos que debería ayudar a estas personas. Depende de como acabe el decreto, pero parece que la intención es esa», concluye Fernández.