Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España

La mayoría de los locales de la atalaya de San Roque, una propiedad municipal que el Concello quiere rehabilitar, están cerrados, pero aún resisten dos: un centro de podología y un clásico asador de pollos para llevar, a cuya entrada se forma colas muchos mediodías. Pronto cerrarán: la Junta de Gobierno Local de este miércoles aprobará el inicio del procedimiento de desahucio administrativo de los dos negocios, que tienen la concesión caducada desde hace más de dos décadas. Fuentes municipales señalan que el resto de locales ya están en manos del Ayuntamiento y que este es «el primer paso para poder rehabilitar», un proyecto aún por definir que se prometió hace años en esta zona de la plaza de España.

Este diario solo ha tenido acceso al expediente del asador, si bien fuentes del Gobierno local indican que la situación del otro negocio es «muy parecida». De acuerdo con el texto, la concesión para los locales de la lágrima, inicialmente doce, se concedió en 1985 por veinte años, y en un inicio el local del asador de pollos albergó una perfumería. Se autorizó el cambio de uso en 1999, y el texto indica que el concesionario incumplió la obligación de satisfacer el canon entre ese año y 2005. Tampoco lo pagó en 2019, pero, siempre según el expediente municipal, la deuda está ya prescrita porque el Concello no realizó requerimientos para cobrar en plazo.

Pero lo más importante es que la concesión está vencida desde el 13 de septiembre de 2005. En noviembre del año pasado, el Concello le envió al actual titular de la concesión un escrito instándole a desalojar el local, «completamente vacío, limpio y en buen estado de uso», en un plazo máximo de dos meses

El hombre pidió alargar el plazo a ocho meses, afirmando que antes se le había dicho que tendría un año. Según argumentó, necesitaba trasladar la maquinaria a otro local que posee en la plaza de As Atochas para «no perder los clientes que hizo en 30 años de trabajo» y no tener que despedir a dos empleados que llevan con él «más de quince años».

La Junta de Gobierno Local no aprobará una fecha concreta de desalojo, sino que se limita a iniciar el procedimiento de desahucio. El concesionario tendrá un plazo de quince días para presentar alegaciones y documentos.

El Ayuntamiento manifestó en 2019 que buscaría nuevos usos para la atalaya, y en 2022 realizó algunos trabajos. Ahora plantea una rehabilitación más profunda, parte del acuerdo con el BNG que permitió investir como alcaldesa a Inés Rey en 2023.

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