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Unanimidad en el Pleno de A Coruña para continuar el proceso jurídico para la recuperación de la Casa Cornide frente a los Franco

La Corporación, con los votos a favor de PSOE, PP y BNG, ha aprobado la declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de 1962

Vista exterior de la Casa Cornide.

Vista exterior de la Casa Cornide. / Víctor Echave

A Coruña

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña ha dado un paso más para evitar que la reclamación de la Casa Cornide se pierda en el laberinto de los plazos administrativos. Con el voto favorable de todos los grupos (PSOE, BNG y PP), la Corporación ha aprobado la declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de 1962. Esta maniobra jurídica blinda el expediente frente a las pretensiones de los herederos del dictador Francisco Franco, quienes habían solicitado el archivo de la causa alegando que el tiempo para resolver había expirado.

La estrategia municipal se apoya en el concepto de "interés general", un salvoconducto legal que permite mantener vivo el proceso a pesar del tiempo transcurrido. Según el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, los informes jurídicos —incluido el del catedrático Carlos Aymerich— y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo avalan que, ante la gravedad de la nulidad de los actos de 1962 y la relevancia del bien, el Ayuntamiento no puede verse atado por plazos de caducidad ordinarios. "Es una cuestión de orden público y de higiene democrática", subrayó Castro durante su intervención.

El fondo del asunto se remonta a julio y agosto de 1962, cuando se orquestó una subasta "ad hoc" para que el palacete pasara a manos privadas y, de ahí, a la familia Franco, según la posición municipal. El Ayuntamiento busca ahora anular aquel allanamiento y la posterior adjudicación a Pedro Barrié de la Maza, quien actuó como puente para que Carmen Polo se hiciera con la propiedad. El objetivo final es revertir una operación que el Gobierno local tacha de "fraude de ley" para que el inmueble de la Ciudad Vieja regrese al patrimonio municipal.

Apoyo de la oposición con críticas

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, apoyó la medida, aunque no escatimó en críticas hacia la "lentitud exasperante" del Gobierno de Inés Rey. El portavoz nacionalista recordó que la moción para recuperar la casa se aprobó en 2019 y que se ha tardado un lustro en llegar a este punto. Jorquera enfatizó que la operación de 1962 fue una "corrupción estructural" del régimen, aportando como prueba cartas históricas que demuestran cómo se diseñó el plan para que la adjudicación no fuera directa desde el Estado al dictador, evitando así el escándalo público.

El Partido Popular, liderado por Miguel Lorenzo, votó a favor por "lealtad a los intereses de la ciudad", pero calificó la situación de "chapuza de gestión". Lorenzo denunció que el expediente llegó a estar en riesgo de caducidad por la falta de agilidad administrativa del Gobierno local, comparándolo con otros contratos municipales que han sufrido retrasos similares. Además, advirtió que la batalla final no se librará en el salón de plenos, sino en los juzgados, donde los Franco ya han interpuesto recursos.

Así está la situación de la Casa Cornide

La Casa Cornide, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, permanece actualmente casi vacía tras el "vaciado" realizado por la familia Martínez-Bordiú alegando problemas de humedad. Aunque desde agosto de 2025 se permiten visitas públicas restringidas de cuatro horas a la semana, la titularidad sigue siendo el gran caballo de batalla. La declaración de hoy permite al Ayuntamiento continuar con la vía administrativa como paso previo e irrenunciable antes de acudir a la vía civil.

El camino judicial se presenta complejo. Los herederos de Franco han impugnado la desestimación de su solicitud de caducidad, lo que obligará al Ayuntamiento a personarse en un nuevo pleito. El PP alertó sobre las posibles indemnizaciones que podrían derivarse si se anulan los acuerdos de 1962, un coste que por ahora es una incógnita. Sin embargo, el consenso político es total en cuanto a que el retorno del inmueble es una deuda pendiente con la memoria histórica de A Coruña.

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