Historia de una ruina de un millón de euros en calle San Andrés: 17 años y una subasta

La inminente salida a subasta del edificio número 140 de la calle San Andrés por parte del Concello, tras haber sido incluido en el Plan de Ruinas, es la consecuencia de un largo proceso administrativo y judicial iniciado hace ahora diecisiete años y al que todavía no se ha puesto punto final. Fue en septiembre de 2009 cuando el entonces propietario del inmueble recibió licencia municipal para rehabilitarlo, aunque los trabajos no llegaron a iniciarse y en marzo de 2012 el Gobierno local declaró la caducidad de ese permiso. En la actualidad el inmueble pertenece a los herederos del propietario original, quienes discrepan sobre el reparto de los bienes de su antecesor, por lo que un juzgado ha nombrado un administrador judicial a la espera de que alcancen un acuerdo.

Fue en septiembre de 2009 cuando el entonces propietario del inmueble —el de mayor valor entre los ocho incluidos en el Plan de Ruinas, con una tasación de 1,05 millones— recibió licencia municipal para rehabilitarlo, aunque los trabajos no llegaron a iniciarse y en marzo de 2012 el Gobierno local declaró la caducidad de ese permiso.

El propietario recurrió esa decisión y finalmente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 la anuló al haberse excedido por el Concello el plazo para su tramitación. Eso hizo que se concediese un nuevo plazo para acometer las obras, que tampoco en esta ocasión se pusieron en marcha, lo que llevó a los responsables municipales a abrir en 2016 otro procedimiento para declarar caducada la licencia que se aprobó en enero de 2017.

De nuevo el propietario recurrió a los tribunales, aunque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 falló en su contra en marzo de 2022. El caso llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en noviembre de ese mismo año desestimó el recurso planteado por los herederos del propietario, que en aquel momento había fallecido.

Los descendientes argumentaron que la declaración de caducidad se notificó a su padre cuando se encontraba incapacitado judicialmente debido a su enfermedad, por lo que debió haberse comunicado a ellos en lugar de haberse publicado en el BOE sin detallar los hechos ni los fundamentos jurídicos de la resolución. También reprocharon que tuvieron que solicitar nuevos permisos para la instalación de un contenedor de obra y la retirada de los de basura del lugar donde debía colocarse el primero, pero que no fueron concedidos hasta el día anterior al vencimiento del plazo que se les dio. A eso añadieron que desde septiembre de 2015 se realizaron labores de desescombro para preparar la rehabilitación del edificio.

Pero el Concello replicó que el documento técnico que el propietario presentó en abril de 2016 no cumplía los requisitos exigidos, ya que solo mencionaba que se proyectaban obras en la cubierta, de las que dijo que “en el supuesto de que se realizara alguna actuación, no sirvieron en absoluto para evitar los daños a inmuebles colindantes”, a lo que se sumaba que esos trabajos no incluían todas las medidas ordenadas para garantizar la seguridad del inmueble.

Durante todo este proceso el Concello llegó a imponer tres multas coercitivas a los propietarios para que cumplieran sus órdenes y destaca que incluso después de que les notificara una de ellas, en 2019 presentaron un documento que en realidad se trataba del mismo aportado en 2016, al que se añadía otro “sin firma ni sello de empresa alguna, en el que se enumeran unos trabajos a realizar cuya ejecución efectiva en ningún momento se llegó a comunicar y mucho menos acreditar”.

Sobre el desconocimiento de la notificación de caducidad de la licencia, el Concello respondió al recurso que el representante de los herederos llegó a acudir a la Concejalía de Urbanismo para obtener documentación sobre ese procedimiento, por lo que considera que, aunque la comunicación municipal no le hubiera llegado, “era consciente de la tramitación de un expediente de caducidad de la licencia”.

También mencionó que durante esos años “siguieron entrando denuncias posteriores de los vecinos, que revelan el incumplimiento de las medidas ordenadas” y que se referían a daños en sus inmuebles por incumplir medidas de seguridad en la cubierta para evitar la entrada de agua en el propio inmueble y afecciones a colindantes, el mantenimiento de las fachadas, en especial la posterior, la correcta colocación de la red y la sujeción o retirada de elementos sueltos para impedir desprendimientos.

Para el Concello, son actuaciones “cuya evidente necesidad la propiedad no podía desconocer” y añade que la declaración de caducidad “se intentó notificar personalmente hasta en seis ocasiones en el domicilio de los interesados, en diferentes días y horas, estando más que justificada la vía edictal para la notificación”.