Dos detenidos por una estafa a extranjeros detectada en A Coruña
Les ofrecían contratos de trabajo para regularizar su situación de forma fraudulenta y les cobraban hasta 2.000 euros por la expedición de estos documentos falsos destinados a obtener el permiso de residencia
Agentes de la Policía Nacional junto a un furgón policial / EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a dos responsables de una estafa a extranjeros con falsas regularizaciones detectada en A Coruña, según informan las autoridades. Los dos tenidos son responsables de una asociación con sede en la localidad catalana de Les Franqueses del Vallès que ofrecía contratos de trabajo con el fin de regularizar a extranjeros de forma fraudulenta, a quienes les cobraban hasta 2.000 euros por la expedición de estos documentos falsos y así obtener el permiso de residencia temporal y trabajo.
La investigación se inició en A Coruña a finales de 2025 cuando se detectó que una empresa afincada en la provincia de Barcelona había presentado en diferentes provincias de España un importante número de solicitudes de permisos de residencia y trabajo por parte de ciudadanos extranjeros en situación irregular, informa el cuerpo en un comunicado este miércoles.
Estas solicitudes estaban amparadas en ofertas de trabajo emitidas por la empresa de Les Franqueses, que se dedicaba a realizar ofrecimiento de numerosos contratos de trabajo, los cuales estaban incluidos en solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales o de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena iniciales.
Desde 2022, la asociación cultural había emitido un total de 185 solicitudes tramitadas con contratos u ofertas de trabajo y las mismas se habían presentado en hasta un total de 18 oficinas de extranjería de diferentes provincias españolas.
La investigación policial constató la falta de solvencia económica de la entidad para hacer frente a esas contrataciones, permitiendo con ello acreditar la falsedad de los contratos de trabajo, que no tenían intención de mantener relación laboral alguna y cuya única finalidad no era otra que regularizar extranjeros en situación irregular, favoreciendo así la inmigración clandestina.
Además, los contratos emitidos eran ficticios y se expidieron a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de una cantidad económica que podía ascender hasta los 2.000 euros, y también se contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que constató que durante 2025. En la asociación solo constaban dos trabajadores de alta en el Sistema de la Seguridad Social.
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