Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: "Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda"

La Xunta de Galicia, representada por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, junto a la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, mantuvo este miércoles un encuentro con los afectados por las expropiaciones en el sector del Monte Mero, en A Coruña. El proyecto, que pretende la construcción de más de 4.000 viviendas, la mayoría protegidas, choca con la realidad de los vecinos actuales. Aunque el Gobierno gallego asegura que ofrecerá viviendas de reemplazo a quienes tengan allí su residencia habitual, el colectivo vecinal advierte que las condiciones impuestas dejan a buena parte de residentes en una situación de vulnerabilidad.

Desde la Administración autonómica se ha informado que, en los próximos días, técnicos del Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS) comenzarán las visitas para tasar los inmuebles afectados. Según el plan previsto, los propietarios podrán elegir entre una indemnización económica y una vivienda nueva, ya sea unifamiliar o colectiva, en una zona específicamente reservada para este fin. Sin embargo, Mónica Díaz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Eirís, advierte que esta oferta es "insuficiente" y que no afecta por igual a todos los propietarios actuales.

Un intercambio desigual

Uno de los puntos de mayor fricción es el coste económico que supone para los vecinos acceder a la vivienda de reemplazo. Días denuncia que la operación genera una carga financiera: "estannos quitando a nosa vivenda habitual que temos en propiedade e libre de cargas, e o que nos dan obrigaríanos a pagar o 10 % do IVE do valor do inmoble", explica la representante vecinal. Según Díaz, muchos vecinos "non teñen os recursos económicos para o cambio de vivenda", especialmente aquellas personas "con xubilacións baixas ou contratos precarios".

A esto se suma la reducción de espacio. Los vecinos denuncian que las nuevas parcelas y viviendas son significativamente más pequeñas que las actuales. Además, critican que la Xunta considera como "unifamiliar" a edificios donde residen dos unidades familiares distintas, una arriba y otra abajo. "Pretenden que iso sexa unha soa vivenda para esas dúas familias, e iso non é viable en moitos dos casos", lamenta Díaz, que calcula que casi la mitad de los 200 afectados carecen ahora mismo de una situación habitacional.

Sin garantías de realojo directo

La incertidumbre también rodea los plazos y la logística del traslado. A pesar de la apertura de opciones en zonas como Pedralonga, la Xunta no ha podido asegurar que los vecinos pasen directamente a una nueva vivienda y, por tanto, deberán buscar un plan B: "Dixeron que non podían garantir que fose de casa a casa, non descartan que teñamos que vivir de alugueiro un tempo", señala la presidenta de los vecinos de Eirís, subrayando la desprotección que sienten ante los inminentes desalojos, previstos para finales de este año.

Los vecinos continúan actuando como un bloque y esta noche se reunirán para informar a los que no pudieron asistir a la reunión de esta mañana. "Seguiremos protestando ata conseguir que quen ten unha vivenda, a situación segue sendo de incerteza total, e vivimos cun nó no estómago as 24 horas", concluye Díaz.