Transportes exige un permiso especial de ruido para los pisos que la Sareb y la Xunta prevén construir en la salida de A Coruña

En la calle Pedro Fernández, en las proximidades de A Pasaxe, la promotora Arqura, ligada a la Sareb o banco malo, puso en marcha hace años su gran proyecto de obra nueva en A Coruña: dos edificios de siete alturas, con 95 viviendas, situados junto a otras parcelas edificables, entre ellas una cedida por el Ayuntamiento a la Xunta para que construya 30 pisos de promoción pública. La sociedad, creada tras el estallido de la burbuja para dar salida a propiedades inmobiliarias de bancos intervenidos, contaba con tener los edificios construidos en 2024, pero el proyecto lleva años en suspenso porque el Ministerio de Transportes detectó irregularidades que, consideraba, hacía que no se pudiesen conceder licencias.

Ayuntamiento y Estado negociaron con el objetivo de regularizar el proyecto, pero este no cumple la normativa en cuanto a niveles de ruido. Para desbloquear la iniciativa, el Ayuntamiento ha iniciado un proceso para declarar la zona como de "situación acústica especial", con lo que se podrá construir incluso si a los edificios llega más ruido que lo permitido. Eso sí, antes de que las viviendas tengan ocupantes habrá que acreditar que hay suficiente aislamiento en los pisos para que los ocupantes no sufran más contaminación sonora que la aceptable.

Veto de Transportes a ocupar los pisos

Los problemas con el proyecto derivan, en parte, de una diferencia de criterio entre administraciones. Los promotores pidieron licencia al Ayuntamiento para realizar la urbanización y preparar la parcela para la construcción, y el Concello, tras pedir varios informes, entre ellos uno a Transportes, se lo concedió en 2023. Pero el Ministerio, fuera de plazo y con la urbanización ya empezada, emitió un documento en el que afirmaba que el proyecto no cumplía con la normativa.

Según defendía el Estado, uno de los accesos proyectados incumplía la normativa vigente, y que afectaría negativamente a la seguridad viaria, por lo que pedía crear un nuevo vial. También que no se garantizaba el aislamiento acústico de los edificios, y que hasta que se tomasen medidas el Concello no podría "conceder licencias de primera ocupación o actividad". Es decir, en los edificios no podría vivir nadie, ni se podrían instalar negocios.

Cambios en el proyecto

El Ayuntamiento llevó el asunto hasta la Audiencia Nacional, ya que Transportes emitió el informe fuera de plazo. Pero, en paralelo, las administraciones empezaron a negociar medidas para adaptar la urbanización a la normativa, y consensuaron un nuevo vial a la parcela.

Pero quedaba por resolver la cuestión de la contaminación acústica, y, cuando en marzo de 2025 el Ministerio de Transportes emitió autorización para las nuevas obras del proyecto de urbanización, indicó que en la parcela, junto a la AC-12, se incumplían los objetivos de calidad acústica, sin que hubiese "medidas concretas y cuantificadas" para asegurarse de que las viviendas estarían suficientemente protegidas. Si el Ayuntamiento quería dar licencias en la parcela, afirmó, debía declararla como una zona de situación acústica especial. Esta es una figura que permite ignorar las limitaciones generales, pensada para espacios en las que las medidas correctoras de ruido no son capaces de impedirlo.

El aislamiento, obligatorio para habitar las viviendas

El Concello emitió un informe técnico que indica varias inversiones para limitar la contaminación acústica, entre las que se encuentran algunas que corresponden al Estado, como la reducción de la velocidad en vías próximas y la implantación de asfalto que limite el estruendo del tráfico, y también la exigencia de mejorar el aislamiento de las fachadas. También se plantean pantallas acústicas de 9,5 metros de altura.

La Junta de Gobierno Local inició este 18 de marzo el procedimiento para declarar la parcela como zona de situación acústica especial, y se abrió un periodo de información pública y audiencia a los interesados, computados desde el día 26. El trámite supone una nueva dilación en el proyecto, si bien permitirá regularizar al fin las obras de urbanización. Y, según los propios informes municipales, para que las viviendas tengan licencia de primera ocupación y puedan funcionar el aparcamiento y los negocios en los edificios de la parcela, habrá que aportar un informe que justifique que se cumplen los aislamientos acústicos. También habrá que demostrar que las instalaciones del edificio no producen en las viviendas niveles sonoros "superiores a los valores límites establecidos".