El PP acusa al Ayuntamiento de A Coruña de incumplir la ley en caso de los vehículos tipo Uber y el BNG cuestiona el "interese" de la alcaldesa por legalizarlos
El Concello acusa a la Xunta de dejación de competencias y deja sobre la mesa ejecutar la ordenanza para regular los VTC que planeó

Multitudinaria protesta de taxistas de A Coruña contra los VTC, en marzo. / Carlos Pardellas
El mes pasado, centenares de taxis se concentraron en A Coruña para protestar contra los servicios ilegales que prestan los VTC, vehículos como los de Uber, Cabify o Bolt. El Gobierno local estudia realizar una ordenanza para regularlos, pero por el momento les está prohibido realizar viajes dentro del municipio, y la Xunta ha iniciado expedientes de sanción que tramita el Concello y superan el cuarto de millón de euros. La Policía Local, en cambio, no está poniendo multas, algo que fue objeto de fuertes críticas en el pleno de este jueves tanto PP como BNG en sendas preguntas orales. Los nacionalistas acusaron a la regidora Inés Rey de tener algún tipo de "complicidade" con el sector, y los populares de incumplir la legalidad.
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defendió que el 092 no está multando a las VTC que incumplen la normativa, preguntó a la regidora si es "cumplir la legalidad" que no haya ninguna sanción de la Policía Local, y afirmó que de 250 sanciones impulsadas por la Xunta el Concello ha tramitado unas pocas decenas. "Los taxistas no quieren privilegios", indicó, pero "sí piden que se cumpla la normativa". Lorenzo se declaró preocupado por la "debilidad" del Gobierno local de Rey, que cuestionó que tenga "autoridad" o la quiera ejercer. "Anuncia y pide que no se cumpla las normas", le achacó.
La edil de Movilidad, Noemí Díaz, le acusó de no traer una "preocupación real", e indicó que se están haciendo "procedimentos administrativos serios", de acuerdo con la ley. Atribuyó a la Xunta el control de los VTC, si bien el Concello tiene competencias de movilidad en las vías urbanas, y afirmó que el Gobierno gallego no envía sanciones, sino "actas para que o Concello faga as sancións". Hay vehículos, señala, que acumulan "moitas" actas, pero el Ejecutivo autonómico "non fai nada", por lo que le pidió que establezca mecanismos para evitar el problema. "Levamos 40 incoaccións", afirmó.
La concejala del Bloque Avia Veira preguntó qué es lo que empuja a la alcaldesa, Inés Rey, con un "fervor extremo" a pedir la legalización de los VTC, sin tener en cuenta "a súa situación no pleno" en la que no tineen mayoría absoluta. Hay un "incumplimento constante" de la legislación local y autonómica, con la "complicidade do Goberno da Inés Rey", que insistió en cuál es su "interese" en este tema. "Hai que defender o sector do taxi", indicó, que el Gobierno municipal "ataca". "Promocionar este tipo de transporte público que especula nos prezos non é moi de esquerdas", criticó, y reclamó que se saque el nuevo concurso para regularizar la concesión de bus, con contrato "caducado". "Algún interese ten que haber", insistió.
Díaz replicó que el Gobierno local "defende o taxi" y acusó a Veira de "argumentacións simplistas". El contrato del bus, puntualizó, "non está caducado, está prorrogado" y la autorización de los VTC "depende da Xunta", con una normativa "que condiciona esta materia". El Gobierno gallego, afirmó, está permitiendo que los VTC aumenten de manera exponencial, y "non hai complicidade" con los vehículos tipo Uber. "Analizaremos se procede ou non esta ordenanza" a partir del "sentir maioritario" de la ciudadanía y entidades implicadas, defendió.
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