Multas desproporcionadas y castigo desigual al ocio nocturno: estas son las alegaciones contra la nueva ordenanza de terrazas de A Coruña
La Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería considera que la normativa, que aún debe recibir la aprobación definitiva, genera "desequilibrios" entre locales. Critica que se obligue a los hosteleros a adaptar las instalaciones a los nuevos criterios estéticos sin subvenciones. El PP pide la retirada de la ordenanza

Terrazas en la Marina, en A Coruña. / Carlos Pardellas
Multas de hasta 10.0000 euros que generan "inseguridad jurídica", limitaciones de horario "indiscriminadas" y especial castigo a los establecimientos de hostelería de ocio nocturno. Estas son algunas de las protestas de la Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería contra la nueva ordenanza de terrazas de A Coruña, que recibió el visto bueno inicial del pleno el pasado mes de febrero pero que todavía puede recibir cambios hasta la aprobación definitiva. La entidad presentó alegaciones el pasado viernes, en la que reconoce "aspectos positivos" a la nueva normativa pero también advierte de que genera "desequilibrios" entre locales y elevados costes para los dueños, sin ayudas públicas que los compensen.
El texto, al que ha tenido acceso este diario, reconoce que la nueva normativa permite la posibilidad de instalar mesas en plazas de aparcamiento, dando cobertura a una medida establecida durante el covid que se prolongó durante años, y considera que supone un avance hacia la "unificación" de las licencias. Pero también afirma que "compromete" la viabilidad de los locales coruñeses, en particular los de pequeñas y medianas empresas. Según argumenta la asociación, las restricciones afectan más a los locales en zonas históricas o de especial protección y a los establecimientos de ocio nocturno, lo que genera "desequilibrios competitivos" en el sector.
Normas "desproporcionadas"
La nueva ordenanza establece criterios estéticos para los elementos de la terraza, y restricciones para los toldos, que tendrán una altura mínima de 2,2 metros y no podrán instalarse en edificios con protección monumental o integral. Estas reclamaciones, según las alegaciones, son "desproporcionadas" y obligarán a los hosteleros a renovar sus instalaciones con una "carga económica significativa", sin subvenciones que la alivien o "plazos de adaptación razonables".
Los horarios establecidos por la normativa que ahora está en tramitación varían según la zona. Por ejemplo, entre octubre y abril las terrazas cierran 23.30 horas de domingo a jueves y una hora después en viernes, sábados y vísperas de festivos, pero en zonas saturadas acústicamente o protegidas la clausura debe ser una hora antes. Para la Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería, las diferencias por ubicación se han adoptado "sin criterios objetivos claros", vulnerando el principio de igualdad ante la ley, lo que favorece más a algunos establecimientos y crea distorsiones en la competencia.
"Inseguridad jurídica"
También considera que las limitaciones horarias son "indiscriminadas" y se aplican sin tener en cuenta las medidas de control acústico implementadas en un local, o el historial de cumplimiento de las normas, una "restricción injustificada de la actividad económica". Para la entidad, el régimen sancionador, con "multas de hasta 10.000" euros, se ha establecido sin tener en cuenta los principios de proporcionalidad, gradualidad y transparencia, y "genera inseguridad jurídica".
Por último, la asociación reclama que se garantice la "participación del sector". La alegación reclama "la apertura de un proceso de participación y diálogo efectivo", que garantice tanto la "correcta aplicación de la normativa" como su "aceptación social".
El PP pide la retirada de la ordenanza
El grupo municipal del Partido Popular defiende en sus alegaciones a la ordenanza de terrazas la retirada del texto y la elaboración de una nueva norma "dialogada y consensuada con los sectores implicados antes de llevarla a pleno". Según el portavoz popular en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo, la ordenanza aprobada inicialmente "no gusta a nadie. Prueba de ello es que todos han presentado alegaciones", en referencia a vecinos, hosteleros y sectores vinculados con la movilidad y la accesibilidad.
Para el PP, la ordenanza nació "viciada" al estar redactada "al margen del diálogo", algo que niega el Gobierno municipal. Los populares sostienen que la norma "no plantea ninguna solución a la convivencia ciudadana", al "no garantizar plenamente el derecho al descanso de los vecinos". También le achacan la generación de "problemas de accesibilidad" para los peatones. El PP sostiene que la ordenanza "deja muchas puertas abiertas a la interpretación subjetiva".
Su propuesta para por aparcar el texto actual y constituir una mesa de terrazas antes de su redacción, con la participación de todos los sectores implicados y todos los grupos políticos "para redactar un documento de todos y para todos, claro, seguro, factible y eficaz". A su juicio, debe "equilibrar la participación ciudadana con la actividad económica destinada al ocio".
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