El Concello de A Coruña descongela las negociaciones con el Estado para una cesión de la antigua cárcel sin esperar a la sentencia judicial

El Concello de A Coruña tiene en marcha nuevas negociaciones con el Estado para pedirle la entrega del antiguo edificio de la cárcel provincial, que, desde hace años, languidece sin uso delante del paseo marítimo, a la altura de la Torre de Hércules. La oposición municipal, conformada por los grupos de PP y BNG, reclama la entrega gratuita de la instalación, situada originalmente en una parcela municipal, y, aunque en la época del alcalde Francisco Vázquez se firmó un convenio de entrega a cambio de dinero y otras propiedades que nunca fue ejecutado totalmente, este ha sido anulado por los tribunales dentro de un proceso que sigue abierto.

Según ha podido saber este diario por fuentes municipales y del Estado, el portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage, se reunió en febrero con Sofía Hernanz, la presidenta de la Siepse, la empresa pública que tiene la titularidad, y hay otro encuentro pendiente que se prevé entre la segunda mitad de mayo y el mes de junio. De acuerdo con el propio Lage, el Gobierno municipal "conta cunha sentenza favorable pero sigue coas conversas abertas co Estado co obxecto de poñerlle fin ao litixio e poder chegar a un acordo sen que teña que resolverse na vía xudicial". El fallo que anuló el convenio evitó el pago que reclamaba el Estado al Ayuntamiento, que, en el peor de los casos, podía acercarse a los 15 millones de euros.

La Siepse, a través del Ministerio del Interior, respondió a este diario que no tenía constancia de que estuviesen realizándose negociaciones oficiales, y que el encuentro de febrero se enmarcó "dentro de las relaciones institucionales habituales que el organismo mantiene con diversas entidades". Los asuntos que se abordaron en la reunión "son de carácter estrictamente interno y, por tanto, no son públicos", siempre de acuerdo con esta fuente, si desde el Gobierno local indican que el tema único de la reunión fue la entrega del inmueble.

Según ha podido saber este diario, se busca una solución satisfactoria para ambas partes, si bien no han trascendido detalles sobre las condiciones de la entrega ni los términos de la negociación. En el pleno de este mes de febrero el propio Lage afirmó que el Gobierno local trabaja "de forma intensa" por la cesión gratuita del edificio, si bien señaló que había "resistencia" por parte del Ejecutivo central. Además de la entrega de la parcela, habrá que definir si el Estado, como reclama la oposición, aporta fondos para la rehabilitación y reforma del inmueble, que el Concello ha llegado a calcular en unos 30 millones de euros. El Gobierno local liga la rehabilitación a declarar el inmueble Lugar de Memoria.

La posible multa, detenida

La empresa pública propietaria del edificio no se pronuncia acerca de si el Estado considera una posible cesión gratuita de la finca al Concello, ya que indica que "no es una competencia de Siepse". Sí que señala que "no tiene constancia" de que el Ayuntamiento le haya abierto un expediente por el estado del edificio, o por la imposición de penalidades, una posibilidad que el Gobierno local indicó que estaba estudiando. Según ha podido saber este diario, este proceso se ha puesto en suspenso mientras las negociaciones están en marcha.

En junio de 2025, el pleno municipal aprobó, por unanimidad, una moción del Bloque que reclamaba que el Concello tomase las "medidas pertinentes" para que el Estado mantenga en buen estado la antigua cárcel provincial, que ha ido acumulando deterioro en los años que lleva abandonada. Entre ellas se incluía la posibilidad de un "expediente sancionador". El portavoz municipal, José Manuel Lage, insistió entonces en que el Estado "tiene que cumplir con sus obligaciones", y si no es así el Ayuntamiento debe "actuar con determinación" y en "defensa explícita del acuerdo plenario".

Cesión gratuita

La reapertura de las negociaciones entre Concello y Estado para la devolución de la antigua cárcel lleva al PP a exigir que no solo sea gratuita, sino también que el Gobierno central aporte los fondos necesarios para su rehabilitación «como único responsable de su deterioro y mal estado actual por falta de mantenimiento».

Los populares recuerdan que su voto impidió aprobar la propuesta del Gobierno local de pagar más de dos millones por la recuperación del edificio. También destacan que su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, fue el único que llevó en su programa electoral una propuesta para su uso como Casa de las Artes.

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