La enrevesada historia de la cárcel de A Coruña: finca municipal, negociaciones durante años y dos procesos judiciales, en espera de un acuerdo final

El Concello de A Coruña ha reiniciado negociaciones con el Estado sobre la cesión de la antigua prisión de A Coruña, situada junto a la Torre de Hércules y con una larga historia. Los antecedentes de la disputa sobre la propiedad de la cárcel se remontan a 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera. El alcalde y militar Victoriano Suanzes y el gobernador civil Rafael Barón firmaron ante notario la entrega de una parcela comprada por el Concello ex profeso para que el Estado construyera una nueva prisión. Esta abrió en 1927, y realizó su función durante décadas, albergando tanto a presos comunes como a víctimas de la Dictadura franquista. Tras cerrar como cárcel, albergó actividades de inserción social hasta 2009.

En 2005, el entonces alcalde Francisco Vázquez firmó un acuerdo para que el Estado devolviese la finca al Ayuntamiento, incluyendo también el edificio. A cambio, el pacto estableció que la Administración central debía recibir la parcela que actualmente ocupa el centro de inserción social (CIS) de Monte Alto, y pagarle 1,2 millones de euros. La finca se entregó, pero nunca se llegó a abonar la cantidad pactada.

Disputa en los tribunales

En 2011, después de que el PP ganase las elecciones por mayoría absoluta, se quebró el acuerdo. Los populares, consideraban que la finca debía volver al patrimonio municipal de manera gratuita, y el Ejecutivo local declaró que el convenio firmado por Vázquez era nulo.

El asunto fue a los tribunales y la disputa legal se prolongó durante años, pasando por los mandatos de tres alcaldes: el popular Carlos Negreira, el regidor Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, y la socialista Inés Rey. En 2020 el Tribunal Supremo falló en favor del Estado, reafirmando que el Ayuntamiento tenía que pagar. El Gobierno local interpretó entonces que la vía judicial estaba extinguida, y la regidora defendió que el Estado podría pedir una ejecución de sentencia y obligar a pagar. Así, empezó a negociar.

Primera negociación

Siempre de acuerdo con la versión municipal, el Estado reclamaba también intereses judiciales que se habían ido acumulando durante los años, y la cantidad total a abonar estaba en unos 2,8 millones de euros. El Concello llegó a un acuerdo para rebajarla en medio millón, y llevó al pleno un nuevo acuerdo para abonar cerca de 2,3 millones y recibir al fin la prisión.

Pero los grupos de PP, Marea Atlántica y BNG votaron en contra del pacto, que solo tuvo el apoyo de una edil no adscrita, Susana Soneira. La edil no adscrita Isabel Faraldo se abstuvo, pero los noes superaron a los apoyos y no fue posible dar luz verde al acuerdo. Fuentes municipales señalaron entonces que descartaban más negociaciones con el Estado por la cárcel: “El Concello pagará lo que obligue la ejecución de la sentencia, hay que esperar a que se ejecute para saber el importe final”.

Convenio anulado

Y, en 2024, la situación dio un nuevo vuelco. En el marco de un proceso promovido por la Siepse, un Juzgado de Primera Instancia de A Coruña declaró nulo el convenio firmado en 2005, y afirmó que el Concello y el Estado nunca tendrían que haber intercambiado la parcela de la antigua prisión provincial y la finca que ahora ocupa, en un terreno próximo, el Centro de Inserción Social (CIS). El contencioso sigue abierto y a la espera de una sentencia final, si no hay antes un acuerdo entre administraciones. Este proceso ha quedado ahora pendiente del resultado de la reactivación de las negociaciones este mes de febrero.

El BNG llegó a un acuerdo político con el Gobierno local socialista para aprobar los presupuestos municipales este año, y este incluye el "inicio de una nueva negociación sobre la antigua cárcel de A Coruña". El pacto de PSOE y BNG para investir a la alcaldesa Inés Rey en 2023 también incluía esta medida, si bien sin fecha.