Una sentencia anula la prohibición de Arias Infraestructuras de contratar obras públicas, que motivó su entrada en concurso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la retirada a la empresa coruñesa Arias Infraestructuras de su clasificación como contratista de obras del sector público, adoptada en 2022. El recurso presentado por la compañía, que entró en situación concursal en marzo de ese año. La resolución judicial no tendrá consecuencias prácticas, ya que el proceso concursal concluyó con la venta de los activos de la constructora a la compañía Francisco Gómez, aunque la representación jurídica de Arias, Navarro Abogados, considera que "podría haber evitado la extinción de la histórica compañía".

Arias Infraestructuras nació en 1955 y se convirtió en una de las principales constructoras gallegas. Sus dificultades económicas llevaron a la Administración a excluirla de la relación de empresas que podían contratar obras públicas, lo que, según Navarro Abogados, "bloqueó de forma directa su capacidad operativa y condicionó de manera decisiva la viabilidad de la empresa, que entró en concurso de acreedores en los meses siguientes".

La sentencia, publicada el pasado 25 de marzo, considera que se hizo una interpretación incorrecta de los requisitos de solvencia económica y financiera exigibles, en especial el cómputo del patrimonio neto de la sociedad, ya que los préstamos participativos, instrumentos habituales de financiación empresarial, deben ser considerados como patrimonio neto para determinar la solvencia de la empresa, de forma que la retirada de la clasificación carecía de fundamento jurídico suficiente.

Para Navarro, la sentencia refleja que "una de las decisiones que marcó la trayectoria reciente de la compañía no se ajustaba a los criterios legales exigibles".

Deuda de 12,5 millones

Arias Infraestructuras afrontaba una deuda de 12,5 millones de euros cuando entró en concurso y fue vendida en 2023 mediante una subasta por 3,6 millones. Sus activos fueron valorados en 8,7 millones y entre ellos se encontraban una cantera y una planta de aglomerado ubicadas en el municipio de Arteixo, además de unos talleres en Sabón para guardar la maquinaria. También poseía unas oficinas en la calle coruñesa paseo de Ronda.

A su entrada en concurso, la constructora tenía una plantilla de 93 empleados, de los que la mitad fueron despedidos mediante un ERE de extinción a finales de 2023. Tras la compra por Francisco Rodríguez se anunció que 44 de los trabajadores pasarían a esa compañía.