Mario Barcenilla, expresidente de Arias Infraestructuras: “Si no nos quitan el permiso para ser contratista público, la empresa hubiese salido adelante”

Mario Barcenilla, expresidente de Arias Infraestructuras, recibe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con una mezcla de alivio y tristeza. El fallo reconoce que la retirada de la clasificación como contratista público en 2022 carecía de base jurídica suficiente, una decisión que, a su juicio, precipitó el concurso y la desaparición de una de las constructoras históricas de A Coruña. “La empresa hubiese salido adelante”, sostiene, mientras lamenta el impacto sobre empleados, proveedores y accionistas, y reivindica que el concurso fue fortuito y no fruto de una mala gestión.

Después de conocer la sentencia, ¿qué fue lo primero que sintió? ¿Alivio, frustración o la sensación de que llega demasiado tarde?

Siento mucha pena porque cuando la justicia es lenta [han pasado cuatro años], nos afecta a todos, en cualquier ámbito de la vida, profesional o personal. Fue una decisión injusta que recurrimos, y aunque ahora nos da la razón, provocó un concurso de acreedores de una empresa. Y eso arrastró a empleados, accionistas, proveedores... Me da mucha pena, me da infinita pena. Por supuesto, no me deja indiferente, y lo que me gustaría es que no le pasase a nadie más. Eso es lo que me gustaría, que no le pasase a nadie más.

¿Y alivio?

Alivio también porque se dijeron muchas tonterías en esos tiempos, que si me iba al Caribe con la pasta de la compañía, que si no sé qué... Se dijeron muchas cosas que no eran verdad. También vale para limpiar la gestión de una empresa que se iba a cerrar en el año 2017 y que conseguimos tirarla adelante y que luego vino todo esto.

El tribunal concluye que la retirada de la clasificación como contratista público carecía de fundamento jurídico. ¿Cree que esa decisión administrativa fue el verdadero punto de inflexión que llevó a Arias Infraestructuras al concurso?

En aquella situación yo no tengo ninguna duda de que la empresa hubiese salido adelante si no llega a producirse esa retirada. No tengo ninguna duda. Ahora, estás influido por lo que sabes que pasó después. Pero sí, la empresa hubiera continuado. Porque teníamos el apoyo de la banca y habíamos generado una cartera de obra muy buena, muy buena, que es con la que luego se intentó hacer el plan de viabilidad.

Durante aquellos meses, defendía que los préstamos participativos debían computar como patrimonio neto. Ahora la Justicia les da la razón. ¿Sintió entonces que la empresa estaba siendo tratada de forma injusta?

Por supuesto. Porque era injusto. Era injusto. Es como cuando te ponen una multa y dices, ‘yo iba a 100 kilómetros por hora y usted me está diciendo que iba a 120’. Es injusto. Claro que es injusto. Se nos quitó la clasificación, lo dice la sentencia, de manera injusta. Una cosa es que yo lo dijera verbalmente, pero ahora es una sentencia de un juzgado. Y no es apelable, además.

Pero la empresa ahora ya no existe

Cierto. Esta sentencia se aplica a una empresa que padeció un concurso, que no se le aprobó el plan de viabilidad y que por tanto fue a liquidación. No existe. La empresa ya no existe. Además, fue un concurso fortuito. Esto es importante. ¿Y por qué fue fortuito el concurso? Porque las causas no eran de mala administración.

¿La sentencia es un reconocimiento de que no fue el culpable de que la empresa entrase en liquidación?

Eso ya lo tenía reconocido porque hubo un concurso y un concurso requiere un análisis del por qué la empresa ha ido a concurso y qué es lo que ha pasado y ese concurso fue fortuito. No fue un concurso culpable. Si hubiera sido culpable, hubiese tenido responsabilidades.

¿Se plantea algún tipo de reclamación patrimonial frente a la Administración por el perjuicio causado, aunque la empresa ya haya sido liquidada?

No lo sé, porque yo no quiero mucho jaleo.

Más allá del caso Arias, ¿cree que esta sentencia lanza un mensaje de advertencia a la Administración sobre cómo interpretaciones erróneas pueden acabar destruyendo empresas enteras?

Claro. Es una manera de avisar y de decir, ojo, que las actuaciones de la administración pública, que yo no digo que no que sean justas, pueden afectar gravemente a las empresas. Por ejemplo, ¿cuántas empresas han ido a concurso porque tenían una deuda que no le pagaban, pero sin embargo tuvo que pagar el IVA en algún momento y la administración se lo reclama? Eso puede hacer inviable una empresa y es una enseñanza muy importante. Es como cuando el inspector tributario te mete una inspección, te reclama algo y luego se demuestra que no había ningún problema. ¿Quién tiene la responsabilidad?

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