Otro juzgado valida el acuerdo entre el Ayuntamiento y Albada que puso fin al pleito de la basura en A Coruña
La sala rechaza el recurso del PP contra el acuerdo por el que el Concello aceptó cobrar 8,3 millones de los más de 15 que reclamaba a la concesionaria por el sobrecoste en el tratamiento de los rechazos. Los populares lo consideran un quebranto para las arcas municipales

Planta de residuos de Nostián. / Víctor Echave
Un segundo juzgado de A Coruña ha avalado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la concesionaria de la planta de basuras de Nostián, Albada, que puso fin, en marzo de 2025 al millonario pleito por los residuos. La sala número 2 de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de A Coruña ha desestimado el recurso interpuesto por el grupo municipal del Partido Popular contra ese acuerdo. La sentencia no es firme al poder recurrirse en apelación ante el mismo juzgado.
El pleito proviene de que, durante años, la concesionaria estuvo recibiendo más dinero del que le correspondía de parte del Ayuntamiento por el tratamiento de residuos que van a vertedero, debido a un acuerdo que fue anulado por la Justicia. El Gobierno local le reclamó una devolución que, añadiendo devoluciones e intereses, sumaba más de 15 millones de euros. Pero, sin esperar al fin del proceso judicial, llegó a un pacto con la empresa para rebajar la suma hasta 8,3 millones, lo que, según la justificación del Gobierno local, permitía evitar la incertidumbre del juicio y un posible resultado desfavorable. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña, que estaba siguiendo el pleito entre el Concello y Albada, estableció que no había “vicio de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros”.
Un "enriquecimiento injusto", según los populares
Pero el grupo municipal popular, que criticó el pacto, llevó a los tribunales el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que autorizó el acuerdo entre el Concello y Albada. Para los populares, el Ejecutivo municipal no tenía derecho a renunciar al cobro de ingresos, y hacerlo supone "un enriquecimiento injusto para el concesionario" y un "empobrecimiento" para el Ayuntamiento. La determinación de la suma final, siempre según el PP, es "totalmente arbitraria" y no hay "beneficio para el interés general". Entre otros argumentos, el PP afirma que se permitió a Albada fraccionar la deuda sin "garantías" y que no se siguieron los procedimientos legales.
El Ayuntamiento afirmó que había seguido el procedimiento legal y que el juicio en marcha era de "resultado incierto", con lo que podría ser que el Concello podría no haber obtenido nada. La concesionaria también argumentó que no había habido "enriquecimiento injusto" y que la cuantía de lo que tenía que devolver era motivo de disputa judicial. Ambos señalaron que el acuerdo entre Albada y A Coruña era "muy similar" a otro al que llegó la empresa con el Consorcio As Mariñas, formado por municipios del área que usan la planta.
Argumentos ya "valorados y resueltos"
En su fallo, el tribunal considera que ninguno de los argumentos formulados por los populares contra el acuerdo debe ser admitido. Considera que el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, que inició el procedimiento, podría haberse opuesto al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña que homologó el acuerdo, si consideraba que era nulo o anulable. Los motivos invocados para declarar nulo o anular el acuerdo, razona la sentencia actual, ya fueron "valorados, analizados y resueltos" por el auto del juzgado, que entendió que la asesoría jurídica municipal tenía autorización para llevar a cabo el pacto.
Las materias del acuerdo "eran susceptibles" de transacción, y lo establecido "no era manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico", y tampoco "lesivo para el interés público de terceros". Siempre según el fallo, el Juzgado no apreció que se afectase a fondos de los que no podía disponer el Gobierno local, y, entre otros argumentos, desecha que haya enriquecimiento o empobrecimiento para concesionario y Concello en los términos que planteaba el PP. También cita el pacto con el Consorcio As Mariñas que invocaron Concello y Albada. El fallo se puede recurrir.
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