La antigua sede de Telefónica en A Coruña será un equipamiento público
El Concello rechaza las alegaciones de su propietario, Inveravante, que le reprocha que en realidad no pretenda adquirir el edificio sino corregir un error del plan general

Edificio de la antigua sede de Telefónica, en la calle San Andrés. / VICTOR ECHAVE
La modificación de la norma zonal del plan general sobre equipamientos incluye la recalificación de la antigua sede de Telefónica en el número 99 de la calle San Andrés, hoy con uso residencial, para su paso al de equipamiento. El inmueble es propiedad al 50% desde 2017 de la corporación Inveravante, brazo financiero de la familia Jove Santos, y de un socio suyo, aunque Telefónica siguió usándolo en régimen de alquiler.
En 2023 Inveravante presentó alegaciones a esta iniciativa en las que recordó que el uso residencial figura tanto en el plan general como en la normativa urbanística del casco histórico. También destacó que “la verdadera motivación de esta decisión” es resolver un error del plan general, para lo que pone de relieve que el propio texto de la modificación proyectada señala que los edificios números 50 y 52 de la calle Panaderas fueron calificados por equivocación como equipamiento y que debe corregirse esa situación.
El documento municipal añade que la recalificación del edificio de San Andrés “permite mantener la proporción del sistema general de equipamientos” del casco histórico exigida por la normativa municipal, por lo que Inveravante entendía que este cambio “se trata de una operación meramente aritmética y no de una necesidad específica de ese equipamiento”. La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta vio “adecuado” el cambio propuesto para el inmueble “por su posición central en el barrio y su singularidad, que motivó su catalogación”.
Inveravante consideró además “obvio que el Ayuntamiento, mientras le sea posible (7 años), no incoará expediente expropiatorio para obtener unos terrenos que no necesita” y que ello “condenará esta propiedad al limbo urbanístico”, lo que calificó de “arbitrariedad y desviación de poder”.
También discrepó sobre la valoración efectuada por el Concello, que calculó el valor del edificio en 1.462.000 euros, cuando una tasación realizada por un arquitecto contratado por este propietario alcanzó los 6,2 millones.
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