Los deberes del Ayuntamiento de A Coruña por los números rojos, según el interventor: retener 12 millones y tutela de la Xunta

En 2024, el Concello de A Coruña incumplió la regla de gasto, una de las limitaciones impuestas para las cuentas municipales que limita la inversión que puede realizar, al gastar dinero sobrante de otros años. Tuvo que presentar un plan económico financiero para los dos ejercicios siguientes, al que la Xunta dio el visto bueno, y se comprometió con el BNG a dar cuenta mensual de movimientos presupuestarios. Pero en 2025 incurrió también en un incumplimiento en otro requisito, el de estabilidad presupuestaria, y cerró con un desequilibrio de doce millones. El interventor municipal, el funcionario encargado de fiscalizar las finanzas del Ayuntamiento, indicó a inicios de abril que habría que elaborar otro plan económico financiero. Pero, tras consultar los criterios del Ministerio de Hacienda, llegó a la conclusión de que no basta con esto, sino que hay que tomar medidas que afecten al presupuesto y retener algo más de doce millones de euros.

De acuerdo con el interventor, el criterio del Estado es que si el plan económico-financiero se incumple, como considera que ha ocurrido en este caso, hay que aprobar en el plazo de quince días una retención de créditos, es decir, apartar una suma, y constituir, previa solicitud por el Ministerio de Hacienda, un depósito en el Banco de España. En principio, se trata de un depósito por el que se abonarían intereses, pero puede "convertirse en multa coercitiva sin percepción de intereses". La suma de algo más de doce millones a reservar se corresponde con el gasto no financiero que superó el límite establecido, y es superior al déficit del remanente líquido de tesorería, de cerca de 9,7 millones. Con la primera también se cubriría la obligación de sanear el remanente: según afirmó el interventor en su informe original, el pleno debería aprobar una reducción de gastos equivalente al déficit.

El Gobierno podría enviar, bajo la dirección de Hacienda, una comisión de expertos para valorar la situación presupuestaria de A Coruña, y si el Ejecutivo local no cumple con los cambios necesarios, la administración que ejerce la "tutela financiera", en este caso la Xunta, debe requerir a la alcaldesa, Inés Rey, que las cumpla. El interventor indica que hay dudas acerca de si habría que realizar un plan de saneamiento financiero si se llega a la conclusión de que el ahorro neto sea negativo, pero indica que hay tomar medidas para corregirlo, si existe.

Posible recorte de 20,6 millones

El informe original del interventor también señala posibles recortes. Este año el Concello preveía asumir deuda por cerca de 40,4 millones de euros para financiar inversiones, pero, siempre según el interventor, suscribir todo este crédito "no sería posible" porque se estaría en ahorro neto negativo.

Si se rebajan 20,6 millones de euros de inversiones financiadas a crédito y la suma queda en 19,75 millones de euros, podría valorarse "iniciar el trámite" de suscribir el préstamo, pero se incurriría en déficit y habría que solicitar autorización previa a la Xunta, después de dar pasos previos como modificar el presupuesto y formular un nuevo plan económico financiero. Además del saneamiento del resultado de 2025, tocaría revisar los gastos e ingresos de este año para evitar que se incumpla la normativa otro ejercicio. El interventor plantea también una tercera hipótesis, con otro método de cálculo, en la que no se podría aceptar ningún préstamo, y, aún así, habría que rebajar los ingresos en algo más de siete millones de euros.

Crisis política con el BNG

El Gobierno local no ha aclarado oficialmente qué decisiones tomará, pero una opción es que no realice la reserva prevista por el interventor y opte por la opción que planteó este en su primer informe, la elaboración de un plan económico-financiero que contemple recuperar el equilibrio entre este año y el siguiente, con ingresos de estos ejercicios o heredados de facturas sin cobrar de 2025. El socio natural para llevarlo a pleno es el Bloque, pero la liquidación ha causado un choque político con este grupo.

Los nacionalistas insisten en que romperán el acuerdo presupuestario si se recortan inversiones en barrios o gasto en servicios públicos. La concejala del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, reprochó al Gobierno local un "fallo na xestión económica" y de ocultarles información cuando negociaban las cuentas en una "falta de respecto e de transparencia". Así, el plan de estabilidad tendría que ser aceptable políticamente para los nacionalistas. La posibilidad de pactar con el PP es remota: el grupo afirma que existe un "agujero económico" y acusa al Gobierno local de autorizar el pago de 32,7 millones de euros en facturas irregulares, una cifra que aumentó en un 64% en relación a 2024.

El Ayuntamiento defiende su "salud financiera"

El portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage, argumentó que el informe del interventor señala a una "foto fija", es decir, al estado de las cuentas en un momento dado, pero que el Concello "goza de buena salud financiera". Defendió que el  Ayuntamiento tiene "un plan económico", lo que significa, aseguró, "que todos los años seguimos incrementando la recaudación de ingresos". Aunque "el interventor siempre tiene que hacer su informe", de acuerdo con Lage existen "unos ingresos elevados y una ejecución bastante alta" en las cuentas de 2025, y no existen "tensiones de tesorería ni un problema de ese tipo".

Así, Lage señala que se están abonando las facturas en plazo y que "llevamos siete meses cumpliendo con el periodo medio de pago a proveedores, con una media en torno a los 20 días". "Creo que podemos decir, sin ninguna complacencia, que es un buen dato", argumentó esta semana.

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