Los funcionarios de A Coruña se blindan contra las agresiones: un registro, cámaras y botones del pánico

La Junta de Gobierno Local del Concello aprobará este miércoles el protocolo de actuación ante agresiones externas a funcionarios municipales en sus puestos de trabajo, que fue elaborado por el Comité de Seguridad y Salud Laboral y por la Mesa General de Negociación con los representantes laborales. En ambos órganos recibió el respaldo de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, además del voto en contra de la CIG.

En el documento, el Concello se compromete a crear un registro en el que se detallen todas las agresiones sufridas por el personal “para el establecimiento de las normas de actuación pertinentes” en los centros de trabajo donde se produzcan, entre las que figura el apoyo jurídico.

El protocolo destaca que también se incluirán en ese registro las agresiones “que eufemísticamente se denominan de baja intensidad, como amenazas veladas y exigencias intimidatorias”. Los encargados de dar cuenta de esas actuaciones serán los superiores jerárquicos de los agredidos.

El Concello se compromete además a dotar de Policía Local o seguridad privada a los accesos a los centros municipales para prevenir las agresiones. En todo caso, se plantea que se efectúen rondas de los agentes locales en los centros y horas que se consideren conflictivos.

Puntos críticos

También se estudiará la posibilidad de instalar videocámaras en espacios comunes de los edificios municipales y en lugares calificados como “puntos críticos”, sobre lo que se informará a la ciudadanía mediante carteles. El protocolo menciona también como medida preventiva la instalación de alarmas y de timbres de aviso camuflados para advertir de la existencia de un conflicto.

El protocolo detalla que la burocratización de la actividad municipal hace que los funcionarios tengan “un mayor riesgo de sufrir actos de violencia o agresiones”, en especial los que atienden a personas "con dificultades económicas, laborales, sociales, de salud o discapacidad", situaciones de las que dice que generan una percepción “de injusticia, impotencia o indefensión frente a la Administración”.

Añade que el riesgo es mayor en el personal que realiza su trabajo en los servicios sociales y económicos, así como en las actividades de inspección, ya que la imagen que tienen los usuarios sobre la Administración “puede provocar ira, rabia u otras emociones que pueden generar actitudes y comportamientos agresivos o violentos”.

Además de las mencionadas, el protocolo menciona entre las medidas preventivas de las agresiones la verificación del funcionamiento de las medidas de seguridad y de los sistemas de megafonía e intercomunicación, la identificación de las áreas de acceso restringido al público, evitar el aislamiento del personal y dotar de equipos de comunicación seguros al que deba trabajar en solitario.

También propone que la información sobre el funcionariado que haya sido objeto de una agresión en el puesto de trabajo sea confidencial.

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