El Concello de A Coruña estudia cambiar la ordenanza de pisos turísticos después de que el Supremo anule el registro estatal

En 2024, el Estado estableció la obligación de que los pisos turísticos que se anuncien en plataformas digitales se inscriban en un registro único, y cuando en 2025 el pleno de A Coruña aprobó la primera ordenanza para regular estos negocios, ordenó, antes de iniciar actividad, se inscribiesen en este. Pero ahora el Tribunal Supremo acaba de anular el registro, después de un recurso de la Comunidad Valenciana, puesto que considera que invade competencias. Fuentes del Gobierno local señalan que se estudiará "si es necesario ajustar la ordenanza a la jurisprudencia" y establecer algún cambio, para lo que habría que pasar por pleno.

La ordenanza, aprobada con el apoyo de PSOE y BNG para detener la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT), establece que estas deben tener un título habilitante municipal, y, antes de abrir, presentar un justificante que pruebe que están inscritos en el registro estatal. Si no lo hacen, "la comunicación previa de la actividad quedará declarada ineficaz".

Limitaciones a los negocios

La norma también estableció restricciones relativas a la localización de los pisos turísticos, limitándolos, con carácter general, a inmuebles exclusivos, bajos y primeros que no estén situados encima de una vivienda. Este 1 de mayo había 1.322 VUT en la ciudad, una cifra inferior a las 1.405 de un año antes, pero probablemente la cifra seguirá bajando: en diciembre el edil de Urbanismo calculó que habría que cerrar casi 750 pisos turísticos y este mes de febrero la alcaldesa anunció una campaña de inspección.

La norma fue objeto de rechazo por parte del PP, y la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) la llevó a los tribunales. Recientemente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó un recurso contra la ordenanza presentado por el propietario de un piso turístico en el barrio del Agra do Orzán.

"Satisfacción" de los propietarios

Aviturga expresó su "satisfacción" por la sentencia del Supremo, y señala que confirma lo que la asociación "defendió desde el primer momento", es decir, que el Estado "no tenía competencia" para imponer un registro en un ámbito "que corresponde de forma exclusiva a las comunidades autónomas". La agrupación de propietarios defiende que la Xunta ya tiene una normativa propia sobre pisos turísticos y que el registro estatal generó "duplicidades, inseguridad jurídica y confusión".

Tras el fallo, Aviturga indica que los meses en los que el registro estuvo vigente "numerosos propietarios e inversores asumieron gastos significativos en trámites, asesoría y adaptación documental", y su existencia se utilizó "argumento en una campaña de descrédito" hacia las VUT que tuvo " especial incidencia en las ciudades gallegas". "Muchos propietarios, ante la incertidumbre normativa o la imposibilidad de cumplir con requisitos contradictorios, no pudieron comercializar sus viviendas durante meses y perdieron ingresos", critica Aviturga, que se pregunta "quién asume ahora las consecuencias" de estos perjuicios y señala que pese al "clima de desconfianza" que se ha creado contra el sector, la "inmensa mayoría" de los pisos turísticos operan "con plena legalidad y bajo la supervisión económica".