El plan general de A Coruña permitirá construir pisos públicos en suelo para edificios cívicos o administrativos

Las administraciones públicas podrán promover la construcción de viviendas públicas en A Coruña sobre suelos que estén calificados como equipamiento público, destinados a albergar edificios como colegios, centros sanitarios, culturales o administrativos. También podrán crear esas viviendas en edificios o locales de propiedad pública y en los que se desarrollen actividades de ese tipo.

Esta iniciativa figura en la modificación de la norma zonal sobre equipamientos del plan general de la ciudad aprobado la semana pasada por el pleno del Concello, aún pendiente de su aprobación definitiva.

En el expediente de ese cambio figuraba la recalificación de la parcela de A Maestranza adosada a la Hípica como suelo dotacional para vivienda pública, pero el Gobierno local finalmente tuvo que calificarlo como espacio libre público por la negativa de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta a que se construya en ese lugar por la presencia de restos arqueológicos de la antigua muralla de la ciudad.

La normativa urbanística municipal sobre los equipamientos crea con este cambio la categoría de vivienda dotacional y su objetivo es garantizar el acceso a este tipo de viviendas “a las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social”.

También menciona la nueva normativa que las viviendas construidas mediante esta fórmula podrán gestionarse en régimen de alquiler, con derecho de superficie -modalidad en la que el suelo en el que se levantan sigue perteneciendo a la Administración- y otras formas de tenencia temporal admitidas por la legislación.

Gestión

La modificación de la norma zonal indica además que las viviendas que se construyan sobre suelo para equipamientos podrán ser gestionadas por las administraciones, entidades dependientes de las mismas o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el campo de la vivienda.

También deberán cumplir los requisitos establecidos por la Ley de Derecho a la Vivienda, en la que se recoge la posibilidad de dedicar a vivienda el suelo para equipamientos y que también prevé que se puedan obtener parcelas para esta finalidad mediante “actuaciones de transformación urbanística”, siempre que la legislación autonómica y la normativa urbanística municipal lo permitan.

Esa ley impedía además que el suelo calificado como de reserva para vivienda de protección pública no podrá cambiar esta calificación salvo en casos excepcionales en los que se justificara que no era necesaria, aunque una sentencia del Tribunal Constitucional de 2024 levantó esa prohibición. También obliga a que el porcentaje de esas viviendas destinado al alquiler sea al menos del 50%, pero para ello esta disposición debe ser incorporada a la legislación gallega, lo que todavía no se ha hecho.

En el caso de los municipios que sean declarados zonas de mercado residencial tensionado, como es el de A Coruña, el suelo obtenido por los ayuntamientos como cesión de los promotores inmobiliarios en sus operaciones urbanísticas “deberá destinarse necesariamente a la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales”. Esta condición no podrá además “sustituirse por ningún otro uso público o de interés social ni por otras formas de cumplimiento del deber”.

La Ley faculta a los ayuntamientos y comunidades autónomas a “la aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia en los instrumentos de planeamiento urbanístico” de la legislación autonómica y municipal, con el fin de agilizar la puesta en marcha de estos proyectos.

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