Las ONGs piden flexibilizar las solicitudes de la renta social municipal de A Coruña: "la ayuda es como un unicornio"

Las ONGs y el Concello difieren acerca de los criterios para aplicar la renta social municipal. Se trata de una ayuda directa del Concello, que implantó en 2016 el Gobierno local de Marea Atlántica para reforzar la red social, pero que ha ido cayendo en número de usuarios, sobre todo, por la implantación del Ingreso Mínimo Vital del Estado en 2020, que ofrece mejores condiciones. Los usuarios se han desplomado, y, aunque la siguien solicitando inmigrantes sin permiso de residencia, varias entidades sociales que los atienden en la ciudad señalan que el Gobierno local está pidiendo que aporten un contrato de alquiler, lo que deja fuera a personas que no pueden acceder a este. Fuentes del Concello afirman que se limitan a cumplir la ordenanza, que no ha cambiado desde 2016, y que hay mecanismos para dar luz verde a las solicitudes de personas sin arrendamiento regular que realmente residan en la ciudad.

Tener un alquiler no figura entre los requisitos para obtener la renta, destinada a personas en situación o riesgo de exclusión social, sin otras ayudas y que sean mayores de edad empadronados en la ciudad al menos desde medio año antes de pedirla, si bien hay algunas excepciones a estos dos últimos puntos. La ordenanza sí indica que si la persona tiene un contrato de arrendamiento debe presentarlo, con el último recibo, y que este no puede ser inferior a seis meses, y también que debe presentar facturas si vive en un hotel o similar. Fuentes del Gobierno local defienden que se dedican a cumplir "escrupulosamente con la normativa vigente" y que la ordenanza indica que cuando se concede la ayuda a alguien en "exclusión residencial" esta está ligada a un itinerario que busque darles acceso a residencia.

Un "problema gravísimo"

Pero desde Casco denuncian lentitud a la hora de tramitar ayudas debido a que los servicios sociales están "saturados", y que desde hace unos dos años se está exigiendo que "tengas un contrato de alquiler a tu nombre". "Siempre digo a usuarios que reclamen", señala una fuente de la entidad social, que señala que "para conseguir padrón hay sus trucos, hay inmobiliarias que te hacen pagar 180 euros por buscarte un piso". Desde Viraventos, que también trabaja con población inmigrante, indican que la exigencia de un contrato es un "problema gravísimo" que existe desde hace "más de un año".

"Les vale un contrato legal de habitación", afirma la ONG, pero si no existe "ya ni te recogen" la solicitud. "Tuvimos que meterlo en nuestro nuevo asesoramiento, esa ayuda es como un unicornio", señalan fuentes de Viraventos, que afirman que, según les han transmitido, desde el servicio de Intervención se bloquean los expedientes de solicitud si no hay contrato de alquiler.

La limitación de la aporofobia

En Sen Valos no mencionan un cambio de criterio, pero sí que creen que "hay que flexibilizar un poco". "No hemos tenido ningún caso en el que nos hayan anulado una solicitud, pues peleando mucho hemos conseguido una habitación para hacer un contrato" y sacar adelante la petición, indican fuentes de la ONG, que explican que tienen entre manos un caso de una familia inmigrante no encuentra vivienda pese a que pagaron en su anterior piso y pueden presentar un contrato de trabajo.

El problema, señala Sen Valos, es un "desequilibrio del mercado", sin oferta de alquiler social, con aporofobia y "barreras tremendas" para conseguir vivienda, y piden que los poderes públicos garanticen a los excluidos acceder a un arrendamiento adecuado.

Descenso de las rentas de la Xunta y el Concello

En 2017, la renta social municipal llegó a 323 personas, y en 2018 se llegó al pico, con 404 perceptores. Al año siguiente bajaron a fueron 303, mientras que en 2020 fueron 325. Para 2023 el número ya había caído a 124, y en 2024 los beneficiarios fueron 165, según la última Memoria de Gestión Municipal publicada.

También ha habido un desplome en la renta autonómica, la Risga, que en 2019 y 2020 cobraban algo más de 1.200 personas en A Coruña: este año, según datos del Observatorio Municipal, hay apenas 245 perceptores, al menos por el momento, y durante los últimos tres ejercicios el número fue de poco más de 400.

Los perceptores de la Risga, mujeres que viven solas

Las ONGs y la Xunta coinciden a que el descenso de la Risga se debe a la competencia con el Ingreso Mínimo Vital, pero fuentes de la Consellería de Política Social defienden que esto "no quiere decir que esté perdiendo efectividad", ya que cubre a personas a las que no llega la otra ayuda. Además, defienden que el IMV no cubre a las cuatro quintas partes de la población en situación de pobreza y solo da apoyo económico, mientras que la Risga conlleva un programa de inclusión sociolaboral, y afirman que se resuelve más rápido, en poco más de un mes frente a medio año.

El Gobierno gallego también señala que lleva esperando desde 2022 a que se le transfieran las competencias de la gestión del IMV, "para que esta prestación llegue verdaderamente a las personas que la necesitan y de una manera más ágil". El perfil de perceptor de la Risga, siempre según la Xunta, es "una mujer de entre 45 y 65 años de edad, que vive sola y en zona urbana, y que está en situación de desempleo".

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