Tres trabajadoras sexuales ofrecen una charla en A Coruña sobre prostitución y violencia: "Luchamos para una ley que nos permita terminar con los abusos laborales"

Las trabajadoras sexuales, Judith, Borja M. y Anabel Araújo, participaron este viernes en el 4º ciclo de charlas y debate Las trabajadoras sexuales hablan de violencias, que tuvo lugar en la librería Fiandón de A Coruña. Bajo el lema "El respeto no es caridad, es justicia", el coloquio a cargo de las trabajadoras puso el foco en la realidad detrás de cada caso y la falta de escucha social. "Usan la excusa de la violencia para invalidarnos, para arrebatarnos la capacidad de decisión. Somos personas con agencia propia. Lo que necesitamos es legislar a través de normas que contengan las particularidades del trabajo sexual para defendernos y vivir en igualdad de condiciones", afirma Anabel Araújo.

"En este tipo de charla hablamos de violencia institucional, del estigma, de violencias públicas como la violencia médica y de lo erróneo en esas ideas acerca de lo que es y no es el trabajo sexual. Nada tiene que ver la trata de personas o la explotación con el trabajo sexual", expone Araújo, que participa en el acto subvencionado por el Ministerio de Igualdad y organizado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

De mano de la asociación CATS, Araújo y el resto de compañeras afirman luchar "para lograr un proyecto de ley que nos permita terminar con los abusos dados dentro del trabajo sexual y de la trata de personas". Sin embargo, puntualiza que el abuso no solo puede entenderse como sexual y, en el caso de la prostitución, "nos referimos al abuso laboral, como trabajar el triple para tu empleador y cobrar la mitad de dinero". Este aspecto serviría para proteger y resolver a mujeres con "problemática de deudas adquiridas".

"Cuando hablan de lo que supone este trabajo para quien lo realiza, hablan de dolor y de daño. Pienso en un obrero, un transportista o una cuidadora de ancianos, eso también tiene lo suyo. Nadie trabaja por amor al arte y en nuestro caso, tampoco. Este oficio nuestro tiene sus particularidades, pero como todos los trabajos tienen los suyos, solo que el resto sí son válidos", expone Araújo, que forma parte del comité en la delegación gallega.

"Ejercer como trabajadora sexual fue una decisión tomada, pero obligada por una circunstancia económica. Es una decisión tan válida como quien decide tener cinco trabajos para resolver un entuerto. En mi caso, se trataba de pagar una deuda y conseguir dinero para abrir mi propio local de peluquería y estética. Sin embargo, continué", expone sobre su caso

Violencias y estigma en el trabajo sexual

Entre los objetivos de la asociación CATS, que fue reconocida como organización de utilidad pública por el Ministerio del Interior, se encuentra la atención a demandas sociosanitarias no cubiertas por la Administración pública. En este sentido, Araújo expone que el trabajo sexual "afecta el modo en que se mira al paciente" cuando recibe atención médica o un diagnóstico. "Otro paciente con otro trabajo no se ve afectado con este estigma", indica.

"Esta misma semana sufrí violencia médica en la consulta con mi matrona. Me realizó una pregunta privada sobre sexualidad y, al responderle argumentado mi oficio, cambió el trato, el diagnóstico y lo que seguía. Ocurre con mucha frecuencia que si vas al médico y comentas que te dedicas al trabajo sexual, todo lo que te suceda está atravesado por eso", comenta la trabajadora sexual, que celebra ser "gallega, que es un privilegio, porque las compañeras migrantes o en situación irregular lo pasan mucho peor".

Anabel Araújo habla en primera persona de una forma de violencia que achaca también a la Administración y se presenta en forma de "discriminación económica". Expone que abandonó la prostitución durante la pandemia y presentó su solicitud para obterner la renta de inclusión social (Risga). En ese mismo momento también trabajaba los fines de semana como peluquera, oficio al que dedicó 25 años previamente, y como asistente de ancianos en su hogar. Se la concedieron, pero le fue retirada. "Con 500 euros al mes no podía sobrevivir, subsistía a duras penas y con medicamentos para una niña. Retomé la prostitución y me quitaron el Risga, a pesar de que los otros trabajos también los mantenía. Esa diferencia en la percepción del trabajo, para mí, es discriminación. Este tipo de barreras empuja a muchas compañeras fuera del sistema", indica.

Una "violación pagada"

"Muchas voces se refieren a la prostitución como una violación pagada. Hay compañeras que son violadas dentro y fuera del trabajo, como hay otras mujeres que son abusadas o agredidas en su puesto de trabajo. A lo nuestro se refieren como gajes del oficio. De este modo también se invalida nuestro consentimiento y, al final, lo que sucede es que el consentimiento está viciado. No somos niñas, que dejen de infantilizarnos y que no intenten quitarnos libertad. Trabajamos en nombre propio", reivindica Araújo.

La trabajadora sexual ejerce públicamente su oficio y afirma que el estigma de la prostitución "jamás desaparece". Araújo no se esconde tampoco en redes sociales, pero advierte "que la salud mental está presente y los ataques suceden a menudo". "Es otra forma de violencia que recibes por ejercer tu trabajo y que no debería suceder", resuelve la trabajadora sexual.

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