El Concello de A Coruña descarta recortar inversiones en barrios y servicios por el déficit de 2025

El Concello de A Coruña acabó 2025 con un descuadre de doce millones de euros en su presupuesto, un déficit que, según el interventor, obligaría a apartar fondos de las cuentas de este año. Otra posibilidad era la de obviar los recortes y realizar un plan económico financiero, pero, de acuerdo con fuentes municipales, no se realizará ni una ni otra medida. Se remite a un Real Decreto del Gobierno central emitido este mismo mes, el 13/2026, que exceptúa de la realización del plan en algunos supuestos. Un informe municipal indica que la "evolución favorable" de los derechos a cobrar y las estimaciones de ingresos para los próximos meses "evitan la adopción de medidas específicas en el gasto", de forma que se mantienen las previsiones de inversiones en barrios y en servicios. Sí se aconseja que se evalúe trimestralmente la evolución de los ingresos y se adopten nuevas medidas de "gasto estructural", y habrá que pedir permiso a la Xunta para asumir deuda, y la oposición reclama tener acceso a la documentación técnica.

La ley, con carácter general, señala que en casos como el del Ayuntamiento de A Coruña, "la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos". Es decir, debe emitir un documento que garantice la disciplina fiscal en los siguientes ejercicios. El Concello ya tuvo que elaborar este documento tras incumplir la regla de gasto en 2024.

Pero en 2025 incumplió también otro requisito, el de la estabilidad presupuestaria. De acuerdo con el interventor, el criterio del Estado es que si el plan económico-financiero se incumple, como considera que ha ocurrido en este caso, hay que aprobar en el plazo de quince días una retención de créditos, es decir, apartar una suma, y constituir, previa solicitud por el Ministerio de Hacienda, un depósito en el Banco de España. En principio, se trata de un depósito por el que se abonarían intereses, pero puede "convertirse en multa coercitiva sin percepción de intereses". El valor, siempre según el funcionario, sería de algo más de doce millones de euros.

El Ayuntamiento no apartó la suma, y señala que, como consecuencia del nuevo decreto, el Concello "no tiene que tramitar un plan económico-financiero" ni adoptar "medidas específicas en el gasto". Así, defiende, "quedan garantizadas las previsiones de inversiones en los barrios y en los servicios a la ciudadanía", dado que no habrá recortes en las cuentas de 2026. La alcaldesa, Inés Rey, defendió este miércoles que “el Ayuntamiento no está en quiebra técnica ni en bancarrota” y no están en peligro los servicios, y pidió a la oposición "rigor y seriedad". Defendió que se paga a proveedores en plazo y que la deuda es "tres veces menor" que la que había con el PP en el Gobierno local. Según argumentó, la normativa no obliga a realizar un plan económico financiero ni recortes. "No hay que hacer ajustes", remachó, y la situación financiera municipal "está saneada". El concejal de Economía, José Manuel Lage, defiende que el Concello goza de buena salud financiera y que "todas las licitaciones previstas en nuestra planificación para 2026 se podrán llevar adelante como defendimos desde el primer día". Indica que "tenemos fuentes de financiación y previsión de incremento de ingresos, sobre una base de rigor y solvencia".

Medidas "excepcionales" y condicionadas

El real decreto deja sin aplicación "excepcionalmente" los artículos referidos a la obligación de emitir planes económico-financieros, si bien solo en algunos casos. Así, afirma que los Ayuntamientos que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto en los presupuestos de 2025 o 2026 no tienen por qué realizarlos, si bien solo si esto se debe a que utilizaron el remanente de tesorería, es decir, fondos sobrantes de otros años, para gastos generales, o a un exceso de financiación afectada por la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. El mismo decreto afirma que sí será exigible el plan para corregir el déficit, o exceso de gasto, que no se deba a estos motivos, pero, según la documentación municipal, en 2025 el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la superación del límite de la regla de gasto se deben en la utilización del remanente de tesorería y excesos de financiación: en otras palabras, se entra dentro de los supuestos del decreto.

La nueva norma también indica que "será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la corporación local, de acuerdo con el último dato publicado, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad". De acuerdo con el último dato, de abril, el Concello y sus entidades adscritas están pagando a proveedores en 26,4 días, por debajo de los 30 legales.

Buena salud financiera

Un informe municipal de la Concejalía de Economía ve innecesario hacer ajustes en las inversiones. Según señala, se está cumpliendo con solvencia el pago a proveedores en los últimos meses, una señal de "salud financiera y disciplina de pagos". El déficit de 2025, argumenta, fue "coyuntural", y señala que se demoraron algunos ingresos previstos. Así, la empresa Ecoembes no realizó pagos que ha abonado en los últimos meses, por valor superior a 4,2 millones de euros, y están pendientes de cobro casi 1,8 millones de dividendos de Emalcsa.

En el "desfase temporal de ingresos por cambios normativos" y la entrada en vigor de algunas ordenanzas fiscales, el informe incluye la nueva tasa turística, cuya "efectividad" se produjo en enero de 2026. También se citan las ordenanzas de recogida de residuos, prestación de servicio de alcantarillas o servicios domiciliarios, que suponen aumentos de ingresos, así como nuevos ingresos por concesiones y cambios organizativos para tener una mayor eficacia "en la gestión tributaria y recaudatoria". Todo esto hace que la evolución de los ingresos vaya en alza y no haya que realizar recortes de inversiones, siempre según el Concello.