El Concello de A Coruña tomará una decisión definitiva sobre la piscina del Club del Mar en el segundo semestre, tras reunirse con la directiva
El Ejecutivo municipal afirma que la entidad ha ido cambiando sus propuestas a lo largo del tiempo
El BNG propone asumir la gestión con medios propios municipales y denuncia la "inacción" con respecto a la concesión, que lleva tres años en precario

Parte de las instalaciones del Club del Mar. / Carlos Pardellas
El contrato de la piscina municipal de San Amaro acabó en mayo de 2023, y el Club del Mar lleva ocupándose de la concesión prorrogada, de forma obligatoria, desde entonces. La entidad llevó al Ayuntamiento a los tribunales por el descuadre económico que, afirma, le ha causado la gestión, un proceso que está a la espera de sentencia, y denuncia que el Concello no le ha indicado cuál será el destino de la instalación. El BNG preguntó por el futuro de la piscina interior del complejo deportivo, y el Gobierno local afirmó que explora "varias alternativas", y que en las próximas semanas habrá un encuentro con representantes del Club del Mar, tras lo que se tomará una decisión definitiva. El Ejecutivo municipal afirma que esta se adoptará en el segundo semestre de este año.
La portavoz nacionalista, Avia Veira, denunció que la entidad, con 90 años de historia y "máis de 7.000 socios e socias", sufre el "lastre" de la piscina, con concesión "caducada desde hai tres anos" y cursos municipales "que terían que saír en setembro". Por culpa de la "inacción" del Gobierno local, afirmó, el Club del Mar sufre el "peso" de la gestión "sen ter que facelo". Pidió un presente y futuro sin incertiumbre para la infraestructura y dejar atrás un pasado "cheo de prazos incumpridos". Según señaló, se pueden emplear medios propios municipales. Reclamó al Ejecutivo municipal que hable con la directiva y "cheguen a unha solución".
El portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió que el Gobierno local tuvo "numerosas xuntanzas" con la directiva de la entidad, y que alguna de las alternativas como el uso de medios propios ya se contempló. "Diante de problemas, o que intentamos é buscar solucións", dijo, y se "valorará conxuntamente" con la directiva cuál será la decisión definitiva. El Club del Mar, afirmó, tiene "propostas" que han ido cambiando, y como Gobierno local no se tomó una decisión definitiva esperando "volver ter unha conversa". "Temos plan A e temos plan B", defendió.
Situación laboral
Los nacionalistas también preguntaron por la situación laboral en las concesiones de servicios municipales, pues denuncia impagos y salarios sin actualizar. El concejal nacionalista David Soto defendió que hay "precariedade" en concesiones y exceso de precariedad, en concesiones como conserjerías o escuelas infantiles, y señaló que falta protección de salud laboral, algo en lo que el caso de la planta de tratamiento de residuos de Nostián "é o máis evidente". "Temos pregos nos que hai ás veces erosión de dereitos laborais", denunció.
José Manuel Lage, también edil de Hacienda, respondió que en Santiago, con alcaldesa del Bloque, estuvieron "seis meses esperando para cobrar" y que le llamaron desde allí para preguntar cómo se actuaba desde el Concello de A Coruña. "Chama o Goberno municipal de Compostela para preguntar cómo se hace", afirmó. También defendió que con la alcaldesa Inés Rey ha habido subidas salariales y se unificaron convenios con criterios de mejora laboral.
Símbolos franquistas
En su tercera pregunta, los nacionalistas reclamaron al Ayuntamiento que retire simbología franquista de las calles coruñesas. La edil nacionalista Mercedes Queixas denunció que presentaron preguntas pendientes de respuesta, y señaló que se mantienen 18 cuadros de "golpistas e franquistas" en el Concello. El Gobierno local, afirma, no avanza para actualizar un informe del Instituto José Cornide sobre memoria democrática, e incumple con la convocatoria regular del Consello Municipal da Memoria, o acuerdos relativos a asuntos como la retirada del nombre de la calle Sanjurjo de Carricarte. Hay "falta de vontade política e compromiso real" con los valores de una sociedad democrática, acusó.
El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, defendió que hay que debatir estas cuestiones con "rigor" y sin emplearlas como arma política. Indicó que el Concello quiere tomar medidas desde el punto de vista de la legalidad y tomar medidas con expedientes individualizados y motivados. Los "acordos xenéricos" de una moción son de "impulso político", y ahora se está trabajando desde el ámbito jurídico para tomar medidas de memoria democrática motivadas.
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