Transporte, urbanismo, agua, residuos... los retos pendientes del área metropolitana de A Coruña

La convocatoria por el Concello de A Coruña para el próximo 30 de junio de la comisión municipal especial del área metropolitana y el anuncio de que la alcaldesa, Inés Rey, proyecta reunirse posteriormente con los alcaldes de los municipios de la comarca en julio vuelve a poner en el foco la gestión de los problemas que comparte la población de esta zona geográfica. Desde que en 1983 se crease la Mancomunidad de Municipios del Área de A Coruña, disuelta en 2012 por falta de operatividad, todos los intentos de coordinar la actuación política en el entorno de la ciudad han acabado en fracaso, en gran parte por las discrepancias políticas sobre la conveniencia de articular este proyecto con un carácter orgánico. A continuación se repasan las principales cuestiones que podrían abordarse de forma conjunta entre los ayuntamientos de esta zona.

Transporte. La alta densidad de circulación existente entre A Coruña y los municipios más próximos es consecuencia de la incapacidad del transporte público por carretera para atender la demanda existente, tanto por su volumen como por la elevada dispersión de la población. Los municipios gobernados por la izquierda reclaman la constitución de un consorcio público que gestione el transporte público, pero la Xunta, en manos del Partido Popular, lo rechaza y defiende su modelo de Transporte Metropolitano de Galicia, que cuenta con un área específica para la comarca de A Coruña. La propuesta autonómica de una zona única de trabajo para los taxis de A Coruña, Oleiros, Culleredo, Cambre y Arteixo puede suponer una mejora, pero también está pendiente la creación de un servicio de tren de cercanías, en estudio por parte del Estado, y la utilización de las bicicletas municipales fuera de los límites de cada ayuntamiento, además de la puesta en marcha del transporte marítimo.

Urbanismo. La ordenación del territorio en cada uno de los municipios de la comarca se lleva a cabo sin ningún tipo de coordinación entre ellos, lo que impide planificar en común dónde se crearán las nuevas áreas residenciales y empresariales, así como los equipamientos públicos. A pesar de que los límites municipales son prácticamente inapreciables en las zonas más pobladas, la falta de comunicación entre los ayuntamientos es la tónica habitual, a lo que se suma la carencia de plan de urbanismo por parte de algunas localidades.

Agua. Este el campo de actuación en el que se han producido mayores avances y una prueba de los beneficios de la gestión conjunta. El abastecimiento es proporcionado por una empresa municipal de A Coruña que presta servicio también a Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Bergondo y Carral, y a una parte de Arteixo, mientras que el tratamiento es realizado por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bens, gestionada en común por los ayuntamientos de A Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros, que además han puesto en marcha proyectos ambientales a través de esta empresa pública.

Residuos. La entrada en funcionamiento en 2000 de la planta de tratamiento de Nostián, propiedad del Concello de A Coruña, pudo ser el punto de partida para una actuación conjunta en este campo, pero los municipios de la comarca -agrupados en el Consorcio As Mariñas- llevaron su basura a la instalación tan solo como clientes. La licitación del nuevo contrato por parte de A Coruña ha animado a esos ayuntamientos a reclamar su participación en la gestión de la planta, aunque por el momento no hay un acuerdo que la materialice. La salida de Arteixo del Consorcio As Mariñas y el envío de sus residuos a Sogama complica además la integración de toda la comarca en un modelo único de tratamiento de los desechos.

Gobernanza. Es uno de los mayores obstáculos para la intervención conjunta. En la extinta Mancomunidad, A Coruña disponía de mayoría absoluta en su asamblea de representantes, a lo que se oponía el resto de municipios. El entonces alcalde Francisco Vázquez se vio obligado por una sentencia judicial a convocar este órgano comarcal ante su negativa a reunirlo y, finalmente, la entidad fue disuelta tras doce años sin actividad. La legislación gallega exige que se presente una propuesta de ley para la creación de una área metropolitana, iniciativa que respaldan los acuerdos plenarios de nueve municipios de la comarca coruñesa de los últimos años. La existencia ahora de cuatro ayuntamientos gobernados por el PP dificulta el proyecto, ya que este partido rechaza la creación de una nueva estructura administrativa y defiende el modelo de cooperación sobre materias concretas. El caso de Vigo, donde se aprobó una ley de su área metropolitana en 2016 que nunca llegó a entrar en vigor, es una muestra de las dificultades para alcanzar acuerdos sobre este tipo de proyectos.

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