La Audiencia da la razón al Ayuntamiento de A Coruña: el Estado debe correr con los gastos de la antigua cárcel

Nueva sentencia, en favor del Ayuntamiento de A Coruña, en la larga serie de disputas legales entre el Concello y el Estado sobre la propiedad de la antigua cárcel provincial que, desde hace años, se deteriora frente a la Torre y el paseo marítimo. La prisión, construida en terrenos cedidos hace un siglo por el Ayuntamiento al Estado para construirla, debía volver al patrimonio municipal, de acuerdo con un convenio firmado en 2005 por el exalcalde Francisco Vázquez, a cambio de otra finca que ya se entregó y una cantidad que nunca se llegó a pagar porque, según defendieron los Gobiernos locales de PP y Marea Atlántica, la reversión debía ser gratuita. La Justicia dio en un primer momento la razón al Estado, pero, cuando el Gobierno central inició un nuevo proceso para reclamar el pago, un juzgado de Primera Instancia de A Coruña puso el contador a cero y declaró nulo el convenio. La Audiencia Provincial acaba de seguir el mismo criterio y desestimó una apelación del Estado. Reafirma que el convenio es nulo, y rechaza la reclamación estatal de que el Ayuntamiento tenga que correr con gastos de mantenimiento.

La demanda del Estado se remonta a 2014. Pedía que se cumpliese el convenio y recibir más de un millón de euros, así como los intereses. También pedía que se le abonasen los gastos de conservación del inmueble, que a mayo de 2023 se estimaron en más de un millón de euros. Si esto no se cumplía, pedía una indemnización de 14,8 millones, más intereses y gastos de conservación. El Ayuntamiento replicó, entre otros argumentos, que el terreno que cedió al Estado como parte del acuerdo, en el que se sitúa el centro de inserción social (CIS) de Monte Alto, era de dominio público.

Contrato nulo

El juzgado de Primera Instancia declaró que los terrenos eran de dominio público y por tanto "inalienables". Así, el convenio era nulo, y por tanto no se puede pedir su cumplimiento. Esto, insistió la sentencia, no quiere decir que el Estado tenga derecho a indemnización, y, si el convenio es nulo, la cárcel sigue siendo propiedad del Estado y este debe correr con los gastos de conservación. El Estado apeló y afirmó que no estaba acreditado que la finca que cedió el Concello fuese un bien de dominio público, así como que la sentencia "no respecta los términos de lo convenido" e infringe los "principios básicos" de la vinculación de los contratos.

Pero la Audiencia Provincial insiste en la nulidad del contrato. La permuta "tenía por objetos bienes de dominio público que, en el caso del suelo comprometido por el Ayuntamiento, mantenían al tiempo de la demanda la misma calificación jurídica". La parcela municipal "es y sigue siendo un bien de dominio público, y, por lo tanto, inalienable", por lo que no podía ser objeto de contrato, ni se puede fundamentar en este ninguna reclamación.

Sin compensación

En el recurso, el Estado ya no pedía una compensación por la construcción del nuevo centro social, que fundamentaba su reclamación de 14,8 millones, pero sí los gastos de conservación. Pero para la Audiencia Provincial, la culpa de que se haya firmado una permuta que no se podía realizar no es solo del Concello, sino también del Estado, puesto ambas suscribieron un acuerdo bajo una "premisa errónea". La pretensión de compensación, ratifica el nuevo fallo, "no tiene encaje".

El edificio pertenece a una sociedad estatal, la Siepse, y "no ha salido de su patrimonio ni podrá hacerlo en virtud del contrato de permuta", que es nulo, por lo que a la sociedad le corresponde "exclusivamente la responsabilidad de afrontar los gastos de conservación y vigilancia del edificio". La sentencia todavía podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Vía de negociación

Si el contrato es nulo, parece que para que haya una transmisión de la propiedad habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Según afirmó el Concello a este diario en abril, estaba en negociaciones con el Estado para la transmisión de la titularidad incluso sin esperar a una sentencia. Según ha podido saber este diario por fuentes municipales y del Estado, el portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage, se reunió en febrero con Sofía Hernanz, la presidenta de la Siepse, la empresa pública que tiene la titularidad. Fuentes del Gobierno local valoran positivamente la sentencia, que "apuntala a posición do Concello da Coruña", pero señalan que se mantiene abierto el diálogo con el Estado. La negocaciación "estase producindo con discreción, e antes de agosto prevese unha nova reunión entre o goberno local e o Goberno de España".

La Siepse, a través del Ministerio del Interior, respondió a este diario que no tenía constancia de que estuviesen realizándose negociaciones oficiales, y que el encuentro de febrero se enmarcó "dentro de las relaciones institucionales habituales que el organismo mantiene con diversas entidades". Los asuntos que se abordaron en la reunión "son de carácter estrictamente interno y, por tanto, no son públicos", siempre de acuerdo con esta fuente, si desde el Gobierno local indican que el tema único de la reunión fue la entrega del inmueble.

La oposición considera que la Justicia le da la razón

En 2011, después de que el PP ganase las elecciones locales por mayoría absoluta, defendió que la cárcel debía volver al patrimonio municipal de manera gratuita, y declaró que el convenio firmado por Vázquez era nulo, una postura que también siguió el Ejecutivo municipal de Marea Atlántica. Pero en 2020 el Tribunal Supremo falló en favor del Estado en un primer proceso judicial y el Gobierno local socialista empezó a negociar con el Estado. La cantidad total a abonar estaba en unos 2,8 millones de euros, y, aunque el Gobierno local negoció una rebaja hasta los 2,3 millones, el acuerdo fue rechazado en pleno por PP, Marea Atlántica y BNG en 2022.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defiende que los populares fueron "los primeros en decir que ese convenio no era válido", y afirmó que los terrenos de la cárcel "son municipales", por lo que no hay que "pagar dos veces por ellos". Según afirmó, la alcaldesa, Inés Rey, "quiso pagar" mediante el acuerdo con el Gobierno central al que su formación se opuso, y ahora "los tribunales nos dan la razón". Lorenzo reclama a la regidora que se siente con el Ejecutivo central y le pida la reversión gratuita y una "aportación económica" para arreglar el edificio, que "han dejado deteriorar durante muchos años".

La portavoz municipal del Bloque, Avia Veira, celebró el fallo de la Audiencia Provincial y señala que "ratifica que o convenio asinado no seu día entre o Concello e o Estado é nulo, como sempre sostivo o BNG". Los nacionalistas también consideran que confirma que, siguiendo su criterio, la restauración de la cárcel "ten que correr a cargo do Estado". En la sesión plenaria de 2022, recuerda Veira, "o BNG naturalmente votou en contra dese acordo por implicar un desembolso económico para o Concello".