El Concello de A Coruña concluye el rescate del contrato de cuatro aparcamientos y abre la vía judicial
El Gobierno de A Coruña espera sacar las instalaciones a concurso en los próximos meses. Tres 'herederas' de la concesionaria se han opuesto a la caducidad, lo que puede iniciar un conflicto en los tribunales

Interior del aparcamiento de la plaza de María Pita. / Carlos Pardellas
En 1984, el Concello de A Coruña adjudicó a la empresa Aparcamientos REO la gestión de los parkings de las plazas de Galicia, María Pita y Mestre Mateo, además del de San Cristóbal, concesiones que caducan entre 2036 y 2037. Con la compañía sin dar señales de vida desde hace décadas, el Gobierno local ha concluido la tramitación de la caducidad y rescate de los contratos, con la idea de volverlos a sacar a concurso "en los primeros meses del segundo semestre" de este 2026. Paralelamente, el procedimiento puede caminar hacia los tribunales: en 1990, REO puso en manos de cuatro compañías gestión de sendos estacionamientos y estas 'herederas' se oponen a la resolución.
El Concello ha rechazado los recursos de reposición de tres de las cuatro sociedades cuya fundación, según fuentes municipales, fue impulsada por la propia REO: Aparcamientos María Pita SA, Aparcamientos Plaza de Galicia SA y Aparcamientos San Cristóbal SA. El Ejecutivo coruñés no reconoce la subrogación de la concesión que hizo la adjudicataria original, ni en las empresas ni en las comunidades de usuarios, que durante mucho tiempo se tuvieron que hacer cargo de los gastos de mantenimiento y reparaciones las instalaciones, algunas ahora maltrechas, todas desfasadas. REO, como tal, no ha recurrido.
"Infracción gravísima"
Ante lo que los técnicos municipales perciben como una "infracción gravísima" por "incumplimiento de las obligaciones esenciales en la gestión y explotación del servicio" y por desatender los requerimientos municipales durante años sobre la situación de las instalaciones, la junta de gobierno decreta este miércoles la caducidad del contrato. A las empresas que se consideran afectadas solo les queda la vía del contencioso.
Según la documentación municipal que el Concello recabó para poner en marcha la regularización de decenas de concesiones municipales, estos cuatro aparcamientos abonan entre unos 970 y algo menos de 1.570 euros anuales, una cantidad irrisoria pero en sintonía con el resto de concesiones de la misma naturaleza. Los 45 aparcamientos concesionados solo reportan 480.000 euros al año a las arcas municipales.
Fuentes municipales explican que todas las nuevas concesionarias tendrán que adaptarse a la normativa. Si esto supone obras, y en el caso de los parkings es lo más probable, deberán hacerlas. Lo lógico es que se actualicen los cánones, al llevar mucho tiempo sin revisiones, algo que se establecerá en el momento del concurso.
Procedimiento antiguo para rescatar las concesiones
El procedimiento para recuperar los cuatro aparcamientos es más antiguo. En 2017, después de protestas de la comunidad de cesionarios de María Pita, el Concello revisó la situación, y en enero de 2019, poco antes del cambio de Gobierno Local, resolvió la concesión, sin que el acuerdo fuera notificado a REO. El Concello contaba entonces con asumir la gestión directa de los aparcamientos en, como máximo, seis meses. Las empresas que ahora llevan los aparcamientos de las plazas de María Pita, Galicia y San Cristóbal pidieron en cuatro ocasiones, entre 2019 y 2022, que se les informase del procedimiento y la resolución, pero el Ayuntamiento nunca les dio respuesta.
En octubre de 2025, la Junta de Gobierno Local anuló el acuerdo de 2019, por la omisión de las notificaciones y trámites de audiencia que se deberían haber realizado, y empezó un nuevo procedimiento para declarar la caducidad, notificando a los interesados. El Gobierno local preveía entonces sacar a concurso durante el primer semestre de 2026 la gestión de estos parkings. Pero, de acuerdo con un informe del Consello Consultivo, el procedimiento resultó caducado porque se sobrepasaron los plazos, lo que obligó al Concello a iniciarlo de nuevo en marzo. Abrió un plazo de un año para resolver el proceso, que lleva más de dos décadas demorándose.
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