Ya es oficial: el respaldo judicial al acuerdo entre el Concello de A Coruña y Albada se hace firme, después de que el PP renuncie a recurrir

El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la concesionaria de la planta de basuras de Nostián, Albada, que puso fin, en marzo de 2025 al millonario pleito por los residuos, tiene respaldo legal definitivo. El PP inició un proceso judicial contra el pacto, que, a su juicio, supuso perdonarle más de siete millones a la empresa, pero los tribunales señalaron que era legítimo. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de A Coruña estableció que no había “vicio de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros”, y en mayo, como ya publicó este diario, la sala número 2 de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de A Coruña desestimó el recurso interpuesto por el grupo municipal del Partido Popular.

Los populares podrían haber recurrido de nuevo, y podría haber interpuesto un recurso de apelación. Pero fuentes del grupo confirman a este diario que no lo presentaron, y LA OPINIÓN ha tenido acceso a un oficio del Tribunal de Instancia que declara firme el fallo, poniendo fin al proceso judicial.

Argumentación judicial

Durante años, la concesionaria estuvo recibiendo más dinero del que le correspondía de parte del Ayuntamiento por el tratamiento de residuos que van a vertedero, debido a un acuerdo que fue anulado por la Justicia. El Gobierno local le reclamó una devolución que, añadiendo devoluciones e intereses, sumaba más de 15 millones de euros. Pero, sin esperar al fin del proceso judicial, llegó a un pacto con la empresa para rebajar la suma hasta 8,3 millones, lo que, según la justificación del Gobierno local, permitía evitar la incertidumbre del juicio y un posible resultado desfavorable. 

Para los populares, el Ejecutivo municipal no tenía derecho a renunciar al cobro de ingresos, y hacerlo supone "un enriquecimiento injusto para el concesionario" y un "empobrecimiento" para el Ayuntamiento. La determinación de la suma final, siempre según el PP, es "totalmente arbitraria" y no hay "beneficio para el interés general". Entre otros argumentos, el PP afirma que se permitió a Albada fraccionar la deuda sin "garantías" y que no se siguieron los procedimientos legales.

Estrategia de máximos

El Ayuntamiento afirmó que había seguido el procedimiento legal y que el juicio en marcha era de "resultado incierto", con lo que podría ser que el Concello podría no haber obtenido nada. La concesionaria también argumentó que no había habido "enriquecimiento injusto" y que la cuantía de lo que tenía que devolver era motivo de disputa judicial. Ambos señalaron que el acuerdo entre Albada y A Coruña era "muy similar" a otro al que llegó la empresa con el Consorcio As Mariñas, formado por municipios del área que usan la planta.

Las dos sentencias han validado el acuerdo del Concello, si bien los populares se oponen a su fondo porque consideran que, aunque pueda encajar dentro de la legalidad, no es ético ni beneficioso para la ciudadanía. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, acusó en mayo al PP de practicar una "oposición de pandereta" y de "mentir" al asegurar que se había perdonado el resto de la deuda. Afirmó que los técnicos municipales determinaron que "como mucho, se podrían cobrar cuatro millones", aunque la negociación con la concesionaria elevó la cantidad a 8,3 millones. La reclamación de más de 15 millones, según afirmó Lage en un pleno del año pasado, era una estrategia de máximos.