Los desahucios tocan mínimos históricos en A Coruña, pero los derivados de impagos del alquiler mantienen la alerta
Se practicaron 201 lanzamientos en 2025, de los que solo diez fueron por ejecución hipotecaria, según datos del Consejo General del Poder Judicial
"La situación es muy diferente a la de la crisis iniciada en 2008", apunta un funcionario de la oficina de embargos

Anuncios de pisos en una inmobiliaria en A Coruña / G. B.
Desde hace años, los impagos del alquiler son la principal causa de los desahucios en A Coruña, muy por encima de los derivados de deudas hipotecarias. Aunque los lanzamientos practicados por los tribunales de instancia de A Coruña han bajado, con la cifra mínima de los últimos 12 años, los lanzamientos por impago de los arrendamientos mantienen la alerta activa.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el último año los órganos civiles de A Coruña --incluyen Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, A Coruña, Culleredo y Oleiros-- practicaron 201 lanzamientos, de los que solo diez fueron por ejecución hipotecaria. Otros 185 fueron por morosidad de los inquilinos. Esto sitúa a A Coruña en el top 20 de partidos judiciales con más desahucios por impagos de alquiler, superado por Madrid, Barcelona, Terrasa, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Palma, Girona, Alicante, Tarragona, Sabadell o Las Palmas, entre otros.
La cifra es la más baja de los últimos 12 años. En 2013, se practicaron 384 lanzamientos, un número que tocó el techo de los 406 en 2017. Hubo un descenso en 2020, coincidiendo con la pandemia, con 255 desahucios. Continuó con 310 en 2021, 274 en 2022, 210 en 2023 y 214 en 2024. El año pasado, bajaron hasta los 201.
Ángel Garmendia, funcionario de la Oficina Scace de Notificaciones y Embargos de A Coruña, explica que "la situación es muy diferente a la vivida durante la crisis económica iniciada en 2008 y que alcanzó sus momentos más críticos entre 2010 y 2013".
Las ejecuciones hipotecarias "ya no son el principal problema"
Reconoce que "las ejecuciones hipotecarias ya no son el principal problema". Esto se debe a que "las entidades financieras han endurecido los criterios para la concesión de hipotecas". "Los bancos exigen mayores garantías económicas, estabilidad laboral y capacidad acreditada de pago antes de conceder financiación", relata, y añade que "las personas que acceden a una hipoteca suelen contar con unos ingresos y una solvencia suficientes para afrontar las cuotas pactadas". Así lo argumenta también la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez: "Los bancos, frente a épocas anteriores a la crisis económica de 2008, se han blindado y tienen más cuidado al conceder las hipotecas".
Además, apunta, "el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de muchas cláusulas bancarias abusivas que han protegido al deudor hipotecario".
El verdadero problema, por tanto, son "los desahucios por impago de alquiler", como alerta Garmendia. Analiza que "los precios de los alquileres han experimentado un incremento muy importante en los últimos años, mientras que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo". Esto hace que "muchas familias tengan que destinar un porcentaje excesivamente elevado de sus ingresos al pago de la vivienda". Por ello, "cualquier incidencia económica", como pérdida de empleo o reducción de ingresos, "puede desembocar en situaciones de impago".
No obstante, los lanzamientos han bajado. La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria cree que hay varios motivos detrás de este descenso. Uno es "la implantación de la prórroga de medidas extraordinarias y la aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda de 2023, que permite paralizar los lanzamientos si el inquilino acredita vulnerabilidad económica con la intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento". "Otra de las causas es el colapso de los juzgados, que dilata los procesos de ejecución de desahucio", expone Vérez.
Mecanismos de protección social
Las Administraciones públicas han desarrollado diferentes mecanismos con el fin de evitar situaciones de exclusión residencial. Ángel Garmendia cita "ayudas económicas, programas de emergencia habitacional y medidas de protección para personas y familias en situación de vulnerabilidad".
Recuerda, además, la aplicación de los denominados "escudos sociales y de los procedimientos de acreditación de vulnerabilidad, que permiten retrasar o suspender determinados lanzamientos, ofreciendo margen para buscar soluciones habitacionales alternativas".
Todo ello ha contribuido "de forma decisiva a contener el número efectivo de desahucios", apunta el funcionario, quien opina que "la tensión entre el incremento de los precios de la vivienda y la capacidad económica de las familias constituye hoy el principal desafío".
La cuestión está, insiste, en "determinar cómo garantizar el acceso a una vivienda asequible en un contexto de creciente presión sobre el mercado". Y repite que la fotografía actual de A Coruña muestra "una clara diferencia respecto a la situación de hace una década". Hoy el problema "se ha desplazado hacia el mercado del alquiler".
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