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La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica acusa al Concello de A Coruña de incumplir la Ley de Memoria Democrática

La entidad acusa al Gobierno local de "resistencia" y denuncia ante la Fiscalía el incumplimiento del plazo de retirada de la simbología franquista

Foto del archivo del Consello Memoria Democrática

Foto del archivo del Consello Memoria Democrática / Carlos Pardellas

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A Coruña

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha acusado al Ayuntamiento de mantener una actitud de "resistencia" al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, al no haber retirado la simbología franquista existente en la ciudad dentro del plazo fijado por el Consello de Memoria Democrática.

La entidad recuerda que, en la reunión celebrada el pasado 23 de febrero, el órgano acordó por unanimidad trasladar a la corporación municipal la necesidad de completar antes del 30 de junio la retirada de calles, plazas y otros elementos contrarios a la memoria democrática, tomando como referencia el informe elaborado por el Instituto José Cornide.

Denuncia ante la Fiscalía

Según la CRMH, una vez expirado el plazo "no solo no se ha cumplido el acuerdo, sino que no se ha dado ningún paso" para aplicar lo establecido en la ley. Por ello, la asociación ha decidido acudir a la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que ya ha incoado diligencias preprocesales para valorar el cumplimiento de la Ley 20/2022 por parte del Ayuntamiento y le ha requerido un informe sobre esta cuestión.

Además, la comisión recuerda que también solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la incorporación de estos elementos al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, con el objetivo de facilitar su retirada o sustitución.

Un informe pendiente de actualizar

La CRMH señala que el informe del Instituto José Cornide, en el que se basa el proceso, es anterior a la actual Ley de Memoria Democrática y considera necesario actualizarlo. En este sentido, el Consello de Memoria Democrática acordó crear un grupo de trabajo que deberá presentar sus conclusiones antes del 30 de septiembre de 2026.

La asociación concluye que la retirada de la simbología franquista no responde únicamente al cumplimiento de la legislación vigente, sino que constituye también "una cuestión de defensa de los derechos humanos y de compromiso con los valores de una sociedad democrática".

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