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Los graduados sociales coruñeses trasladan al presidente del TSXG su preocupación por los retrasos en la jurisdicción social gallega

La entidad colegial propone la creación de un Observatorio de la jurisdicción social para detectar problemas y agilizar los procedimientos laborales

Lage Cerviño y Picatoste Sueiras durante la reunión

Lage Cerviño y Picatoste Sueiras durante la reunión / LOC

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A Coruña

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, José Lage Cerviño, acompañado por parte de su equipo de gobierno, se reunió este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, para abordar la situación de la jurisdicción social gallega y avanzar en la organización de la III Xornada Xurídica, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Pazo de Mariñán.

Durante el encuentro, los representantes colegiales entregaron a Picatoste Sueiras una placa conmemorativa en agradecimiento por el apoyo institucional que el TSXG presta a esta jornada centrada en el Derecho Laboral y la Justicia Social. La reunión permitió también realizar un repaso de la planta judicial social en Galicia y trasladar la preocupación del colectivo por unas demoras que, en algunos casos, sitúan los señalamientos a dos o incluso tres años vista.

El Colegio ofreció su colaboración para buscar soluciones y propuso la creación de un Observatorio de la jurisdicción social que permita detectar los principales problemas y plantear medidas para reducir el colapso judicial en materia laboral. Los graduados sociales reivindicaron su papel como profesionales que conocen de primera mano los conflictos de trabajadores y empresas y las consecuencias que tienen estos retrasos sobre el ejercicio efectivo de sus derechos.

Según la Memoria Anual del TSXG, la jurisdicción social gallega recibió el pasado ejercicio 34.409 nuevos asuntos y resolvió 34.155, mientras que 27.709 procedimientos permanecían en trámite al cierre del año. Aunque las demoras varían en función del partido judicial, el Colegio advierte de que la sobrecarga es estructural: existen vistas señaladas para 2028 y algunos procedimientos por despido, reclamaciones de cantidad o causas ordinarias acumulan retrasos superiores a los tres años.

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