Multa a un abogado de A Coruña por emplear inteligencia artificial en un recurso judicial: "Traiciona la confianza de su cliente"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sanción por valor de 1.800 euros a un abogado de A Coruña que presentó un recurso judicial elaborado con inteligencia artificial, que contaba con reiteradas “incoherencias o invenciones”, según informa el órgano en un auto. En total, el letrado coruñés incorporó 24 citas con textos adicionados “de libérrima creatividad jurídica”, tal y como lo califica el texto emitido. La Sala de lo Social trasladará la resolución para que el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña actúe respecto “a los efectos disciplinarios que procedan”.

“El uso de sistemas de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía no es, en sí mismo, una práctica vedada. Supone una vulneración de los deberes deontológicos más elementales que el ejercicio de la abogacía impone. La conclusión es clara: el uso de herramientas generativas obliga no solo a un control ex ante (evaluación del sistema de IA que se pretende utilizar), sino también ex post (verificación de los resultados arrojados)”, subraya la Sala en el auto.

El TSXG explica el letrado coruñés ha reconocido los hechos, además de disculparse y haber “informado de lo ocurrido a su propio cliente”. Sin embargo, el órgano también aclara que el sancionado no ha ofrecido “explicación suficiente sobre el modo en que tal resultado pudo haberse producido" y tampoco ha informado sobre el tipo de herramienta de inteligencia artificial que empleó. Los magistrados ponentes se sirven del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía y la Instrucción 2/2026 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial para señalar que, sin ser suponer una prohibición, el uso de la IA debe realizarse bajo un “control humano consciente y efectivo” siempre restringido a la preparación del texto, "no a la elaboración del escrito procesal".

El auto de la sanción menciona que este tipo de actividades y actitudes en el marco legal "supone una falta de respeto" hacia el TSXG por presentar "con apariencia de rigor y autenticidad" una fundamentación legal "íntegramente inventada". "Aumenta la carga de trabajo del Tribunal, desvirtúa la función del recurso y compromete la credibilidad del propio proceso", explica. Además de ello, el texto de la Sala incide en que, con este acto, el letrado “traiciona la confianza que su cliente ha depositado en él”. Aludiendo a la "perniciosa y habitual alucinación de la IA", el TSXG encuentra que hubo “una forma de actuar poco diligente, al menos, cuando no directamente reveladora de una mala fe procesal".

Multa para castigar y disuadir

El TSXG recuerda a los profesionales en su auto que "el deber de comportarse con lealtad, veracidad y coherencia" ante los tribunales, evitar actitudes contrarias a los deberes de honradez y rigor. Por eso, sea por simple negligencia o un propósito de engaño, la Sala afirma "una infracción objetiva de dicho principio” y procede a sancionar con 1.800 euros al letrado coruñés.

A la hora de fijar la cuantía de la sanción, los magistrados resaltan que el propio artículo 75.4 de la LJS les faculta para imponer una multa de 600 hasta 6.000 euros. La cuantía se ha calculado según la gravedad de la conducta, los perjuicios al procedimiento y la Administración, así como la capacidad económica del infractor. La cuantía de 1.800 euros se aplica al tener en cuenta “no solo el alcance del incumplimiento, sino también de la reprobación que la conducta merece”.

“Queremos utilizar como fiel el coste de una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para la investigación jurídica y verificada, cuyo uso habría eliminado o reducido drásticamente el riesgo de que se produjeran las alucinaciones constatadas. Las principales editoriales jurídicas del mercado español ofrecen suscripciones a soluciones de inteligencia artificial integradas con bases de datos jurisprudenciales verificadas, con planes de acceso anual que oscilan, en modalidades básicas, entre 1.500 y 3.000 euros”, explica el TSXG, que señala que es posible "la simple comprobación de las citas a través del CENDOJ, de acceso gratuito y muy intuitivo”.

El auto expone que la sanción se impone “para cumplir las dos facetas que tiene toda multa: la sancionadora, para castigar el comportamiento inadecuado, y la disuasoria, a fin de evitar que se reitere en el futuro”. Pese a eso, la Sala reconoce los elementos atenuantes que suponen el reconocimiento expreso de los hechos por parte del abogado, así como la "comunicación espontánea de la situación a su propio cliente".

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