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La obra 'maldita' del Estado en pleno centro de A Coruña: cinco años con problemas y 11 millones en inversión

El contrato para rehabilitar el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, adjudicado en 2021, finalizó esta primavera después de sucesivas parálisis y modificaciones que elevaron el presupuesto y el plazo de ejecución. La empresa solicitó la extinción del contrato y ahora hay que volver a licitarlo

Edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en A Coruña.

Edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en A Coruña. / Gus de la Paz

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A Coruña

La rehabilitación integral del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la plaza de Vigo de A Coruña, se encuentra actualmente sin constructora y dirección del proyecto por la extición del contrato a petición de le empresa adjudicataria, al superarse los tiempos legales de suspensión de la obra. El contrato, que se otorgó en diciembre de 2021, se dio por finalizado esta primavera tras sucesivos episodios de parálisis en la reforma debido al mal estado en el que se encontraron el inmueble. Esto supuso la modificación del proyecto y una subida del 43,8% del presupuesto, que pasó de los ocho a más de once millones de euros. El plazo inicial de 30 meses para la ejecución también ascendió a 43. Sin embargo, en 2025 la suspensión temporal pasó a ser total. Los trabajos tendrán que volver a salir a concurso.

El Concello de A Coruña informa de que la licencia modificada para esta obra fue tramitada y aprobada en enero de 2026. Pese a ello, la obra sigue paralizada. El proyecto original había necesitado rectificaciones debido al estado del inmueble y las dificultades que encontró la concesionaria al acometer los primeros trabajos. Según señala la resolución de Ministerio de Seguridad Social, durante la retirada, el desmontaje y la demolición de elementos en el inmueble se evidenciaron "una serie de problemas en la estructura y fachada, imposibles de haber detectado en el momento de redactar el proyecto". Después llegaron las catas y los estudios para determinar el estado real de la estructura.

En los ensayos realizados se determinó que toda la estructura presentaba una profunda carbonatación del hormigón, es decir, un deterioro notable del acero en las armaduras. Esto multiplicó los riesgos de fisuras y la pérdida de resistencia. Esto propició la primera modificación de la licencia y, a su vez, el aumento del precio del contrato en 3.608.679 millones de euros y trece meses más de ejecución. En diciembre de 2024, después de detectar la necesidad de una segunda modificación por "una serie de vicisitudes e imprevistos que afectaba a elementos ocultos y de imposible acceso, la Dirección de las obras señaló en su informe la paralización del proceso "ante la imposibilidad de continuar".

El proyecto de obra para la Seguridad Social

El proyecto de rehabilitación proponía la intervención en todas las dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto incluía la demolición del forjado de hormigón para crear pequeños patios y las escaleras de todas las plantas. La obra pasaba por retirar los falsos techos y elementos de escayolas, además de suelos y pavimentos.

El plan general de la ciudad protege la fachada del edificio en la plaza de Vigo y la calle Federico Tapia y obliga a la conservación original. El interior puede ser modificado por completo y el proyecto recogía este proceso. El inmueble, fechado de 1945, lleva la firma del arquitecto Eduardo de Garay. Las últimas cinco plantas se destinaron inicialmente a viviendas de los funcionarios que trabajaban en la administración. En el momento, solo se conservaba la casa del conserje en la octava planta, pero desocupada.

Las cifras de la extinción

De la suspensión parcial en enero de 2025 se pasó a la suspensión temporal total en abril del mismo año. En ese momento, la empresa había percibido 5.245.669 millones del presupuesto, más del 53%. Sin embargo, la Dirección de la obra desistió de sus funciones y recayó en el medio propio Tragsatec, que redactaría la segunda modificación con previsión de entrega en el primer trimestre de 2026. Lo que llegó el 2 de enero de 2026 fue la petición de resolución del contrato por parte de la empresa adjudicataria, con el argumento de que la Ley de Contratos del Sector Público permite la extinción de una concesión si la suspensión temporal total es superior a los 8 meses. En el mismo texto solicitaba a su vez la indemnización correspondiente, un 6% del precio de la adjudicación sin ejecutar.

La Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la devolución de 272.195 euros a la adjudicataria, IVA excluido, con motivo de las obras sin realizar y en concepto de beneficio industrial. También percibirá la devolución de 257.746 euros procedentes del Impuesto sobre, Instalaciones y Obras, al quedar la obra sin ejecutar en parte. El montante de la indemnización por daños y perjuicios de los períodos de suspensión queda en el aire, a espera de la liquidación de las obras.

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