Una auditoría de la Universidade da Coruña ve "dudas significativas" de que pueda "continuar en funcionamiento" por sus problemas financieros

La Universidade da Coruña (UDC) arrastró en 2024 problemas financieros heredados de 2023 que la dejan en una situación que, de acuerdo con el informe de auditoría de las cuentas de ese año, apunta a que la institución académica carece de recursos económicos "para la financiación de sus gastos generales". El remanente líquido de tesorería no afectado, un indicador que mide qué ocurriría si se tuviesen que pagar las deudas pendientes con los recursos disponibles a corto plazo, es en principio positivo: a la universidad le sobrarían 12,3 millones. Pero hay algo más de 31 millones de euros afectados, es decir, que se pueden destinar solo a determinados gastos. Se trata de "incorporaciones de 2023 a 2024", según la propia universidad. Así que el remanente de tesorería no afectado, es decir, la suma que quedaría para abonar los gastos de libre disposición de la UDC es negativo, en 18,7 millones de euros.

Los auditores admiten que la Universidade ha tomado medidas para corregir sus dificultades económicas. Así, señalan que ha retenido créditos, revisado proyectos de inversión o captado financiación adicional mediante convenios con la Xunta. Los presupuestos de 2025 y 2026, considera el documento, incluye una "reducción progresiva" del déficit estructural, para alcanzar un reequilibrio en 2027 y 2028. Pero el remanente de tesorería no afectado negativo, insiste, se ha incrementado en relación a 2023, y "persiste el desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos no afectados". Esto lleva a una "incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad" para continuar en funcionamiento.

La solución que pide la UDC

La liquidación de 2024 se llevó al Consello de Goberno la semana pasada, y la Universidade señaló que la liquidación se realizó "en un contexto extraordinariamente complejo, marcado por el diagnóstico del desequilibrio financiero, la prórroga presupuestaria" y cambios en el sistema informático de gestión. Ese año, sostiene la entidad académica, se puso en marcha un plan de ajuste que ahorró dos millones de euros, y se contuvo el incremento del remanente de tesorería no afectado; para la UDC, no sería necesario un rescate.

Aun así, calcula que creció en 4,2 millones de euros en relación al año anterior, si bien el propio análisis de la UDC sobre la liquidación de 2023 calcula que la cifra era de 13,1 millones, con lo que la subida en base a este dato sería de 5,6 millones. Considera que el hecho de que el remanente total sea positivo preserva "la solvencia de la UDC a corto y medio plazo", pero el incremento de los ingresos del plan de financiación de la Xunta, argumenta, no compensa el incremento de gastos derivados de la actualización de los salarios, tanto por las subidas marcadas por el Estado como por la acumulación de antigüedad y méritos, por lo que pide más recursos. El rector de la UDC, Ricardo Cao, defendió el plan de ajuste y pidió "lealtad" a la Xunta, a la que pide un nuevo modelo de financiación universitaria (el actual expira este año, y han empezado las negociaciones para el próximo) que refuerce las cuentas de la Universidade y garantice su viabilidad.

¿Podría intervenir la Xunta?

Pero la Xunta ha sido crítica con el plan de ajuste. Para el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, el plan de financiación autonómico está funcionando "razonablemente bien" en las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo, por lo que es la UDC la que debe dar "explicaciones" con "transparencia" sobre su situación. En su opinión, el plan de ajuste coruñés "parece que es ineficaz" y "no está cumpliendo con los objetivos"; por lo que sería necesario un plan que adecuase el nivel de gastos al de los ingresos. También afirmó que los desajustes de 2024 fueron localizados y "penalizados" por la Xunta. Como ya publicó este diario, dejó de transferirle 0,76 millones de euros para este año por los resultados de 2024.

Aunque por el momento no se ha puesto sobre la mesa una intervención, el informe de auditoría señala que si hay un presupuesto con remanente de tesorería negativo la Universidade deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido, y que las trasferencias de la Xunta a la entidad quedan condicionadas a que se dé este paso. Si no se toman medidas, la Xunta puede adoptar "las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Universidad". El documento especifica que la norma "se refiere al remanente de tesorería sin distinguir entre sus componentes afectado y no afectado", y lo cierto es que si se analiza el remanente total, el saldo es positivo. Pero los auditores creen que "el importe negativo del remanente de tesorería no afectado pone de manifiesto que la Universidad carece de recursos de libre disposición por dicho importe para la financiación de sus gastos generales".

Gastos e ingresos sobrevalorados

En 2024 tomó posesión el actual rector, Ricardo Cao, y ese año no hubo nuevo presupuesto, sino que se prorrogó el de 2023, con diferente equipo rectoral. De acuerdo con un informe de la propia Universidade, en 2023 se produjo un "importante desequilibrio" entre ingresos y gastos y se rompió el "histórico equilibrio" entre unos y otros. Así, hay un "déficit estructural" a largo plazo. La liquidación de 2024 apunta a que tanto las entradas como salidas de fondos estaban fuertemente sobrevaloradas con relación a las que se acabaron produciendo.

La memoria de las cuentas del ejercicio indica unas previsiones de ingresos algo más de 225,1 millones, pero la recaudación efectiva, contando deudas pendientes de cobro, es de menos de 180 millones de euros. En derechos de matrícula y precios por servicios académicos, por ejemplo, la UDC preveía ganar más de 12,3 millones, y apenas ingresó algo más de 8,8. De familias e instituciones sin ánimo de lucro iban a entrar cerca de 2,1 millones que quedaron en poco más de 46.000, y de Ayuntamientos 4,3 millones que no llegaron a los 15.000 euros. El equilibrio se preservó por la reducción de gastos, de más de 225 millones previstos a unos 179,2 millones. Para 2025 sí se aprobó un presupuesto propio, pero aún no se conoce el resultado de ejecutarlo: la UDC aún está en proceso de contratación de la auditoría de las cuentas.

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